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TOLUCA, Méx.— El análisis de 300 denuncias de trata de personas registradas en el Estado México durante un año, evidenció las debilidades que tienen las instituciones locales para contrarrestarlo; permitió establecer las acciones que debe realizar el gobierno estatal para evitarlo y dio paso a la creación de un Protocolo de Investigación a seguir por las autoridades para castigar a los responsables, además de ayudar y proteger a las víctimas.

Patricia Olamendi Torres, presidenta de Promujer A.C., y miembro del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la Organización de Estados Americanos (OEA), entregó ayer el protocolo al gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas.

En el marco de la conmemoración del día internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas, registrada en Palacio de Gobierno de la entidad mexiquense, la especialista confió en que el protocolo permitirá a investigadores de la Procuraduría estatal establecer de forma precisa las líneas de acción a seguir para indagar los delitos.

También permitirá a servidores públicos estatales adscritos a las dependencias encargadas de asistencia social: investigar e impartir justicia, poder identificar a una víctima de trata y sobre todo impedir que pueda ser objeto de sanciones o amenazas, por denunciar a las personas que la obligan a realizar actos contra su voluntad.

El diagnóstico de las averiguaciones previas iniciadas en diferentes subprocuradurías de la entidad mexiquense por el delito de trata permitió identificar en dónde estaban las debilidades de las instituciones.

Además establecer las acciones de política pública estatal a implementar para intentar disminuir los indicadores de dicho delito, registrado con mayor frecuencia en municipios ubicados en la zona del valle de Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan, donde 90% de las mujeres son “enganchadas” luego de atender supuestas ofertas de trabajo.

Que “la pobreza, la discriminación, la desigualdad de género, los aspectos sociales y culturales, la falta de oportunidades económicas y la promesa de beneficios materiales no sigan siendo causas por las que una mujer se puede convertir en víctima de trata”, dijo Patricia Olamendi al gobernador Eruviel Ávila, con base en datos recopilados de los trescientos casos analizados.

La especialista en el delito de trata de personas advirtió al mandatario y asistentes al evento en general, que algunos servidores públicos adscritos a instituciones públicas estatales, no consideran al delito como grave.

“En ocasiones lo minimizan, les parece que algunas mujeres lo hacen por su voluntad o que en ocasiones ellas son las que lo provocan, los prejuicios siempre están presentes. La capacitación es urgente”, comentó.

Olamendi Torres reconoció la apertura de la Procuraduría estatal por permitir el acceso a expedientes de trata de personas, así como del Consejo Estatal de la Mujer, lo que permitió la creación del protocolo.

Subrayó que la trata de personas se puede entender como la esclavitud moderna, pues es un delito que convierte a las víctimas en mercancía, destruye, su dignidad y su vida.