TOLUCA,  Méx.—  Padres y familiares de tres  menores  que señalan al dueño del kínder particular donde acudían sus hijos como el autor de violaciones y actos libidinosos  en contra de los infantes; temen que el acusado  abandone el país.

Eduardo Martínez, padre de uno de los menores, aseguró que en el caso penal de su hijo  continúan  “sinnúmero de irregularidades  e inconsistencias”, por lo que no descartó que la justicia mexiquense permita que el presunto violador de su hijo salga de México.

“Esta persona no se ha presentado a las audiencias, y como van las cosas es muy probable que ni se presente y si salga del país… eso sería lamentable”, comentó

La tarde del pasado 20 de abril, Eduardo Martínez y su esposa, padres de un menor  de tres años constataron después de realizarle una inspección física   que había sido abusado sexualmente en el kínder al que acudía.

Minutos después se presentaron  ante    el Ministerio Público de la Procuraduría   de Justicia del Estado de México (PGJEM), a quien le aportaron como pruebas de su denuncia, la ropa interior del menor.

Días después, los directivos determinaron cerrar las puertas del plantel Centro Educativo Creativo Infantil Mónica Pretelini, argumentando a los otros padres de familia que el titular del mismo había sido víctima de un secuestro. No obstante, después  madres de los alumnos desmintieron la versión y comunicaron la existencia de una denuncia penal por violación en contra el señor Roberto Sánchez Álvarez, dueño y representante legal del colegio particular, quien fue detenido en el interior de la escuela y arraigado por 40 días, tan sólo 24 horas después de haberse presentado la denuncia penal en su contra número TOL/AC1/I/678/2009.

“En las denuncias narramos que nuestros hijos fueron tocados en sus partes íntimas por este señor. Ante la presencia de su maestra les cambiaba el pañal, situación que no debería realizar, pero así era”, aseguró una tía de un  afectado que pidió la reserva de su nombre.

Tras  la  primera denuncia en contra de  Sánchez Álvarez, padres de un niño de  dos años  y una niña de cinco  años, también determinaron iniciar un procedimiento legal por el  delito de abuso sexual.

El   20 de abril,  el señor  Eduardo Martínez, padre del menor presuntamente violado, acudió a las instalaciones centrales de la Procuraduría mexiquense, ahí una vez que enteró de lo sucedido al trabajador social, éste comunicó los hechos al subprocurador Alejandro Carmona Prantl, quien después de descalificar la versión del niño, les aseguró a los padres que la ropa interior de su hijo no presentaba ningún rastro de semen.

“Es ahí cuando empezamos a pensar muy mal  de la Procuraduría estatal. Uno  va con toda la buena fe de presentar su denuncia y en lo que esperamos a que nos atendieran, nos habían ya recibido la prenda del menor que era lo que llevábamos como prueba de lo que nuestro hijo nos había dicho que este señor le había hecho”, señala.  

Añade  que “después de un rato, baja el subprocurador —Alejandro Carmona Prantl—, nos pasa a una oficina para platicar… Y nos dice ¿qué creen?, lo que hay en la prenda no es semen. Y le dice a mi señora: ‘¿Oiga ya pagó la colegiatura de la escuela?’ y le dice directamente a mi hijo ‘oye hijo y tú en qué caricaturas ves lo que dices’. Me paré de inmediato y le dije oiga no se pase de listo, de qué se trata esto; aquí alguien está metiendo mano negra. Le timbró el teléfono y se salió de la oficina”, narró el padre del menor.

Fue hasta ese momento en que Eduardo Martínez se percató que a quien acusaba de haber violado a su hijo, no sólo era a una persona con dinero sino también alguien   que tiene fuertes nexos con la clase política.

Recordó que en esos instantes  su esposa y él, no tenían ni la más remota idea de a quien estaban demandando “sólo sabíamos que era un tal Roberto y así quedó en la denuncia Roberto N N”.  “Luego atando cabos, supusimos que como mencionamos que era el Colegio Mónica Pretelini de Peña, alguien ha de haber brincado por ahí y se enteraron de inmediato de qué Roberto se trataba y le empezaron a echar la mano de volada”, expresó.

Irregularidades que a decir del señor  Eduardo Martínez no sólo se presentaron desde un inicio, sino también a lo largo de todo el proceso penal, pues el arraigo del señor Sánchez Álvarez que se registraba en un hotel de la calle Hidalgo por órdenes del juez  Hugo Martínez González, fue cambiado a su domicilio —donde permaneció por 16 días—, luego de que su defensa argumentó que como en ese mismo sitio había miembros  de  la   La Familia Michoacana, su cliente corría peligro.

El Centro Educativo Creativo Infantil  cobraba una  colegiatura de mil 350 pesos por mes a padres de familia.