Como resultado de la reestructura anunciada, los principales accionistas de la “nueva GM” serán los siguientes: el Gobierno Norteamericano con 60%, el Gobierno Canadiense con 12.5% y el sindicato de la empresa —la UAW— con 17.5%. ¿Bajo qué criterios tomará decisiones Government Motors? ¿Cómo impactará esta mezcla de accionistas al futuro de la industria automotriz en México, y en particular a las operaciones de GM en Silao, Ramos Arizpe, San Luis Potosí y Toluca?

Si la “nueva GM” opera con el objetivo de maximizar su rentabilidad —como cualquier empresa privada— los empleados y proveedores de GM en México no deben preocuparse. Durante los últimos años las plantas mexicanas han elevado su productividad hasta colocarse al nivel de sus símiles al norte del Bravo. Existe una sólida red de proveedores operando bajo estrictos estándares de calidad y el reciente deslizamiento del peso hace todavía más atractivo producir aquí. Además nuestra mano de obra es más barata, no sólo por la disparidad de sueldos sino porque en México hay un sistema público de seguridad social que aún con sus fallas representa un subsidio inexistente en Estados Unidos. Si la “nueva GM” desea maximizar las utilidades de sus accionistas, buscará incrementar sus operaciones en México.

Sin embargo, es difícil imaginar al gobierno estadounidense como “un accionista reticente… sin intenciones de participar directamente en la administración de la compañía”. Ni Obama ni los legisladores que aprobaron el rescate de la multinacional medirán la rentabilidad de su inversión en dólares, sino en número de votos. Bajo este estándar el principal mandato de la “nueva GM” es mantener el mayor número posible de empleos dentro de Estados Unidos, principalmente aquellos relacionados con nuevas tecnologías.

Todavía recuerdo la retórica de los 90: “La mejor política industrial es no tener política industrial”. El camino al desarrollo —la receta— era liberalizar y demostrar que podíamos ofrecer la misma eficiencia y calidad a menor costo. Bueno, lo logramos, somos competitivos y dependientes. Hoy estamos a punto de toparnos con una pared insalvable: la política industrial de nuestro socio, el paladín del libre mercado, Estados Unidos.

Los detalles comienzan a filtrarse. Dado el control gubernamental y sindical sobre la nueva empresa, cualquier plan para incrementar los volúmenes de producción o para elevar el valor agregado de las operaciones de GM en México será resistido desde adentro. Lo anterior no es especulación, sino política oficial de la empresa. Al respecto vale la pena citar algunos párrafos del convenio de modificación del contrato colectivo de trabajo que GM firmó con su sindicato como parte de la reestructura (La traducción es mía, el texto original está disponible en www.ciudadposible.com

“En el supuesto de que las condiciones en la economía norteamericana permitan incrementar el volumen de producción, la empresa dará prioridad a ubicar esta capacidad dentro de Estados Unidos. Además de la actual arquitectura de vehículos y componentes, la administración considerará ubicar la producción de las nuevas arquitecturas vehiculares y componentes en plantas en los Estados Unidos”(pag 6).

“Las partes acuerdan que antes de que la Compañía comprometa la producción de productos adicionales en México, se deberán discutir los planes de inversión con la UAW antes de que se tome una decisión final” (pag. 7).

“La compañía se compromete a no incrementar los turnos en aquellas plantas que sin estar en los Estados Unidos provean vehículos al mercado norteamericano que son similares a aquellos proveídos por otra planta en funciones dentro de los Estados Unidos” (pag. 7).

Ironías. Tal parece que nuestros países no son socios, que siempre sí existe la política industrial, y que las plantas de GM en México no son parte de la misma empresa.

Department of Urban Studies and Plannning, MIT