Ante un escenario cuando menos catastrófico, en especial para las naciones “en desarrollo”, el gobierno mexicano elaboró el Programa Especial de Cambio Climático (PECC). La lectura del último borrador lleva al dilema de si apoyarlo.

México pretende presentar el PECC en la próxima reunión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará en Copenhague en diciembre. Con carencias evidentes que deberán ser subsanadas, el PECC se abre como una posibilidad.

Para cumplir su compromiso de reducir 50% las emisiones del país en 2050, en relación a las del 2000, se presentan en el PECC acciones de corto y mediano plazo que tendrían que ser seguidas de otras que aún no están definidas y que de inmediato, una vez publicado el PECC, se tendría que trabajar en ellas. Éstas son: reformas legislativas, regulatorias y normativas e instrumentos fiscales que favorezcan el desarrollo de las energías renovables e incorporen los costos, las externalidades, de los combustibles fósiles.

Las acciones del PECC abordan la generación de energía, su uso, la agricultura, los bosques y desechos. Un caso específico es el transporte, uno de los sectores de mayor crecimiento en la generación de emisiones. Dos objetivos del PECC son establecer una norma que aumente la eficiencia de los autos nuevos que entran al mercado y aumentar la presencia de sistemas de transporte público BRT, tipo Metrobús.

Sin embargo, meses atrás, cuando se manifestó la crisis y el presidente Calderón anunció apoyos a la industria automotriz, demandamos que fueran condicionados al compromiso de las empresas de aumentar la eficiencia de los vehículos. No ocurrió así y se perdió la oportunidad de fortalecer un objetivo que ahora está en el PECC.

En cuanto al objetivo de desarrollar sistemas de transporte BRT, el DF, que estaba a la vanguardia en el desarrollo del Metrobús, debió cancelar la construcción de dos rutas este año a causa de la crisis. Tan sólo estos dos ejemplos muestran la necesidad de que lo establecido en el PECC esté estratégicamente “amarrado” como prioridad en las políticas públicas.

El PECC tampoco establece el requerimiento de que los proyectos de energía renovable, como las “granjas eólicas”, contribuyan al bienestar de las comunidades donde se instalen. Es importante mencionar que los campos eólicos instalados en La Ventosa se han establecido con contratos leoninos de renta de la tierra, repitiendo el modelo de las ricas regiones petroleras que mantienen en la pobreza extrema, sin compartir beneficios, a las comunidades. En La Ventosa, el modelo de marginación social de los proyectos eólicos sólo anuncia fuertes conflictos sociales.

Por otra parte, en el objetivo de cero deforestación, el PECC no establece una estrategia para el desarrollo de las capacidades comunitarias en el manejo sustentable de los bosques. Desconoce la propiedad comunitaria de la mayor parte de las tierras forestales del país y el hecho de que es necesario capacitar, integrar y dar beneficio a las comunidades forestales. Tampoco establece la necesidad de contar con órganos reguladores que garanticen la participación de los consumidores.

En conclusión, el PECC sólo puede ser apoyado desde las organizaciones sociales si se reconoce oficialmente que es una base sobre la cual iniciará un trabajo estratégico para que el país enfrente el mayor problema global, posicionándose con hechos, no con palabras, en el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático.

El éxito de este proceso dependerá de la afinación del PECC, de la conformación de los equipos de expertos, de las reformas legales, de doblegar los obstáculos impuestos por CFE, del desarrollo de opciones para que los consumidores puedan acceder a un consumo energético responsable, de la integración de las comunidades al desarrollo de las energías alternativas y el apoyo a su manejo forestal, de la creación de órganos reguladores ciudadanos, de alinear las políticas públicas para que no se contrapongan las decisiones de distintos niveles de gobierno y de una política firme y decidida del Ejecutivo federal que se fortalezca desde la base de la sociedad.

Ex director de Greenpeace México