Sin embargo, para los habitantes de un pequeño pueblo en el desierto los debates en los noticiarios nacionales sólo generan incredulidad. Seguro que entrevistados y entrevistadores hablan de otro país, pues si el gobierno no negocia con el narco, vaya que lo parece. Aquí la historia:

Al primer director municipal de policía le cortaron la lengua. Al segundo lo desaparecieron. El tercero, el sobreviviente, no le reporta al alcalde sino a las autoridades que han impuesto su ley. Nada de esto salió en los periódicos del estado, quizá porque se trata de un pueblo chico, porque ya no es noticia o porque la prudencia impuso el silencio. Desde entonces la ciudad está en calma, en una tensa y artificial calma. Al entrar o salir del municipio, los coches desconocidos son detenidos por “policías” municipales. Los viajeros son interrogados: “¿Qué hace aquí? ¿Por qué visita nuestro municipio?”. Parecen inspecciones de rutina, pero no hay nada rutinario en ser interrogado por policías municipales sobre carreteras federales. Además, algunos efectivos en la patrulla no portan uniforme. “Sólo voy de paso”, responde el viajero, nervioso de hablar con quienes supuestamente lo protegen.

Pueblo chico, infierno grande. En lugares como éste, los secretos a voces corresponden frecuentemente a la realidad. “Están molestando a la familia fulanita”, y todos saben que “molestar” significa pedir cuota. El pago es tan de rutina que parece una aportación voluntaria a una agencia de seguridad privada, una “mensualidad”, como se paga la colegiatura de los niños o el crédito del coche. Sin embargo, no es sino un asalto recurrente, un secuestro desprovisto de drama. Lo impresionante es que esto también dista de generar un escándalo. El tema se platica, por supuesto, pero no merece más de cinco minutos de conversación, menos que el tiempo dedicado a discutir el clima o el resultado del último juego de beisbol.

La violencia se ha normalizado. Está ahí, y todos son víctimas, pero el instinto de conservación o la falta de esperanza han desactivado la capacidad de alarma. Los mejores hombres, ésos que podrían recuperar el control del pueblo o al menos demandar el respaldo del Estado mexicano, son hombres de familia que prefieren proteger a los suyos antes que martirizarse. No hay cobardía en esto, sino un elemental cálculo racional: si no puedes con ellos, si no puedes contar con el respaldo del Estado, ¿para qué enfrentarlos? Hace algunas semanas hablé con un ciudadano que podría aspirar a la alcaldía del pueblo. Me dijo que ni loco. No es buena época para ser servidor público.

Me pregunto qué hizo el presidente municipal cuando supo que a su comandante le faltaba su lengua. Quizá sacó la casta, anunció que no se dejaría amedrentar, y reclutó al tipo más duro y valiente del pueblo para dirigir su policía. El mensaje fue tomado como una evidente declaración de guerra, y el relevo duró poco. Todavía lo andan buscando.

No sabemos a qué santo se encomendó este pobre alcalde. ¿Al secretario de Gobierno estatal? ¿Al gobernador? ¿Al Presidente? ¿A todos? Si su súplica fue escuchada, el apoyo ofrecido fue insuficiente. Ocupados en apagar fuegos más urgentes o más notorios, las autoridades han abandonado a los habitantes de este pequeño pueblo en el desierto.

Es imposible generalizar a partir de un caso. Quizá el pueblo que describo representa una excepción, un olvido, una anomalía. Quizá las tribulaciones de su población son el costo que debemos pagar para combatir al crimen en frentes más importantes. Pero algo me dice que hay muchos pueblos como éste, donde el Estado mexicano ha escogido retraerse. Quizá no existió un cónclave ni se pactaron los términos, pero nuestras autoridades —las mismas que no negocian con el narco— han entregado la plaza.

Departamento de Estudios Urbanos y Planeación, MIT