Investigador de la UNAM

El gobierno no implemente las medidas económicas de fondo para evitar el ahondamiento de la crisis mundial. El 15 de enero, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en conjunto con la Cepal y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), presentó su informe “Situación y perspectivas de la economía mundial en 2009”. En su apartado latinoamericano, presenta estimaciones de crecimiento para México de hasta -1.2%. Aun cuando esa tasa negativa nos da una mayor alerta que la presentada por el secretario de Hacienda (0%), el informe no estima el aún mayor decrecimiento económico que tiene lugar si consideramos el crecimiento demográfico. Dada la tasa media de crecimiento demográfico en México de 1.1% anual, el crecimiento del PIB per cápita rebasaría -2% bajo ese escenario.

A fin de cuentas, no son los discursos sino los actos materializados de la autoridad los que influyen las expectativas y decisiones de los actores económicos. Así, el Plan Nacional de Infraestructura anunciado en 2008 poco alteró las decisiones privadas debido a que las inversiones programadas para el actual sexenio son casi las mismas que las propuestas antes del advenimiento de la crisis. Algo similar pasa con el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado el 7 de enero, en el que se presentan soluciones que no servirán de mucho ante la magnitud del decrecimiento económico.

Dicho acuerdo presume un congelamiento de los precios de las gasolinas, cuando en realidad éstos ya se encuentran en niveles superiores a los precios internacionales. También presume la reducción de tarifas eléctricas y de gas para empresas. Aun cuando lo anterior es entendible como mecanismo de contención de la inflación por el abaratamiento de insumos, esto no desacelerará el desempleo, pues la contracción del consumo mantiene deprimida la producción. El factor crítico de la economía no está ya en los insumos, sino en la baja demanda. Además, ese tipo de subsidios contribuye a aumentar el riesgo moral de las empresas al desincentivarlas para que hagan un uso energético más eficiente y, más aún, para que transiten hacia la adopción de energías renovables.

El gasto en esos subsidios a las empresas estaría mejor asignado si se destinara a un seguro de desempleo, a expandir la cobertura del IMSS y a una inversión integral en infraestructura. Tal como está en el acuerdo, el subsidio a tarifas eléctricas empresariales se traducirá en ahorro para la clase empresarial y no en reinversión y empleo; ello sólo generaría mayores inventarios. Aunque un mayor ahorro de la clase empresarial tal vez genere una mayor disponibilidad de liquidez, ésta no se traducirá en mayor inversión en tanto el consumo continúe deprimido, aumentando así la actual brecha de demanda.

Si, en cambio, el dinero se empleara en apoyar a los mexicanos en situaciones difíciles, se fortalecería el consumo privado y la demanda podrá reactivarse, reactivando la producción y el empleo. También debe redefinirse el Plan Nacional de Infraestructura, que hasta ahora consta de proyectos desarticulados de inversión de relativamente corta duración. Si sólo se ejecutan esos proyectos de corta duración, no se estarán generando empleos de forma sostenida, impidiendo la formación de una nueva generación de profesionales de la infraestructura productiva. Además, las inversiones corren el riesgo de perder empuje productivo en las regiones donde tienen lugar, impidiendo la formación de corredores productivos y ‘clusters’ tecnológicos.

¿Queremos desarrollar nuestra infraestructura portuaria para comerciar competitivamente? ¿Queremos crear nuestra propia industria aeronáutica o seguir esperanzados a las innovaciones de Airbus y Boeing? ¿Queremos desarrollar energías alternativas o sólo esperar a importar la solución?

La primera opción de cada una de esas interrogantes parece ser la obvia a elegir; pero su realización requiere enfrentar las actuales inercias, una renegociación del contrato vigente entre élites y entre éstas y las demás clases. En las conclusiones de los Foros Temáticos Nacionales y Regionales para enfrentar la crisis, a los que en enero convocó el CCE, predominan la acostumbrada petición de una mayor flexibilidad del mercado laboral y de mayores beneficios fiscales para evitar más despidos. Esto, sumado a lo hasta ahora poco audible de la voz de las demás organizaciones de la sociedad, sugiere que nuevamente las clases bajas serán las que pagarán innecesariamente los costos de esta crisis. Necesitamos entonces que la decisión gubernamental se esfuerce por escuchar y obedecer a los demás sectores de la sociedad, así como que se cuestione si sus soluciones económicas son realmente eficientes o si tan sólo son mecanismos para contener conflictos inmediatos.