Obviamente era impensable que un partido definido como conservador apoyara la descriminalización de facto del consumo personal de drogas. Pues bien, eso ocurrió en el gobierno del presidente Fox, aunque el propio Fox vetó la ley que había aprobado el Congreso al respecto, probablemente por presiones de Estados Unidos. Y eso acaba de ocurrir de nuevo con una propuesta de reformas legales que envió el presidente Calderón al Congreso.

Seguramente para muchos esto es un paso terrible hacia el abismo de la legalización de las drogas y con dicha medida aumentará el número de adictos. Quienes piensan así creen todavía que la única manera de inhibir conductas es a través de la criminalización de las mismas, lo cual simplemente es falso.

De hecho, los intentos que se han hecho para criminalizar conductas que están propiciadas por condiciones sociales han sido poco exitosos.

La criminalización de las expresiones religiosas en público que se dio en la época del presidente Calles sólo llevó a la guerra cristera, que no resolvió nada y que obviamente no cambió el deseo de una parte de la población de practicar sus creencias religiosas. Es también el mismo caso del aborto. Intentar criminalizar tal hecho, lamentable en sí mismo desde luego, no resuelve el problema y genera problemas adicionales.

En ese sentido, la propuesta del presidente Calderón de fijar cantidades máximas de portación de droga para uso personal es una muestra de sensatez en un país acostumbrado a tratar de modificar la realidad por decreto. Estos cambios permitirían dejar de perseguir a los adictos a las drogas, los cuales son enfermos, no criminales, como lo señaló el propio presidente Calderón y como lo han dicho decenas de expertos en el tema a lo largo de muchas décadas.

La descriminalización del consumo de drogas no resuelve, desde luego, el problema de la corrupción y la violencia del narcotráfico, cuyo origen está precisamente en la prohibición. Sin embargo, sí ayudaría a concentrar las fuerzas del Estado en el combate a las bandas criminales y evitaría la extorsión de los adictos por parte de las autoridades.

Claro, habría que ver cuál es la reacción del gobierno de Estados Unidos, el cual curiosamente tolera la discriminalización del consumo de drogas en países europeos pero no ha querido hacerlo en el caso de México, probablemente por presiones de su propia opinión pública.

En fin, más allá del resultado final de la propuesta presidencial, sí representa por lo menos un atisbo de sensatez en medio de esta terrible guerra contra el narco en la cual ya no sentimos lo duro sino lo tupido.

jorge.chabat@cide.edu

Analista político e investigador del CIDE