Sólo con actos comprobables de persecución y sanción a la corrupción política se logrará revertir la descomposición social, que convierte a no pocos sectores de la sociedad civil en eslabones de la amplia red de complicidad en la que tejen sus crímenes las mafias del narcotráfico.

La confianza ciudadana y la necesidad de su participación al llamado estatal de la unidad y la responsabilidad compartida en esta guerra que parece interminable sólo se ganará en la medida en que las fuerzas políticas sean consecuentes con sus postulados y empiecen por ellas mismas en el cumplimiento de la transparencia absoluta de sus fuentes de financiamiento, así como una rigurosa investigación de la vida y los intereses que representan quienes eventualmente resulten electos candidatos a los puestos de elección popular.

Y en este sentido es de reconocer la valiente decisión que ha tomado Acción Nacional, a través de su presidente, Germán Martínez, quien el pasado 2 de octubre envió al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, una carta con 10 propuestas específicas para blindar las próximas campañas electorales de la infiltración del narcotráfico. El documento compromete de una manera muy seria y definida al PAN, independientemente de que el órgano electoral lo asuma como acuerdo general.

“La incursión financiera de la delincuencia organizada en las campañas es un riesgo latente que debemos atender con celeridad, eficacia y responsabilidad. Cerrar la puerta al financiamiento ilícito y excesivo es cerrar la puerta a la política de los delincuentes”, dice la misiva.

Entre otras cosas, plantea: inscripción ante el IFE del padrón de proveedores de bienes y servicios de los partidos, precampañas y campañas; utilización preferente de mecanismos bancarios en la adquisición de bienes y servicios; prácticas de auditorías y verificación aleatorias; obligación de los precandidatos y candidatos de presentar declaraciones patrimoniales, así como de suscribir autorizaciones expresas para el acceso a las cuentas bancarias de precandidatos, candidatos, dirigentes y sus familiares hasta el cuarto grado; registro inmediato de personas políticamente expuestas, incluidos los equipos de precampaña y campaña, así como tesoreros y responsables de finanzas en todos los niveles; obligación de los precandidatos y candidatos de presentar y hacer pública la declaración de posibles conflictos de intereses, conforme al formato que establezca el IFE; elaboración de un mapa de riesgos con la concurrencia de las instancias de seguridad nacional; aplicación del mapa de riesgos a las decisiones estratégicas de organización y capacitación electoral, así como para implementar un plan operativo de protección el día de la jornada electoral.

De sumo interés, conocer y dar seguimiento puntual a las respuestas que sobre este planteamiento hagan las dirigencias de todos los partidos, grandes o pequeños. Eso es lo que queremos ver los ciudadanos del sistema de partidos, medidas de autolimitación, de autovigilancia. Queremos ver el ejemplo por delante.

Profesor de la FCPyS de la UNAM