El transporte de carga y pasajeros en México se realiza por medio de camiones y autobuses. Mientras en EU y Canadá el volumen de autotransporte de carga no rebasa 63%, en México supera 85%. La diferencia se explica por el debilitamiento de nuestro sistema ferroviario: esos países movilizan más de 24% de sus mercancías por tren; México sólo 7%. El transporte público de pasajeros presenta relaciones aún más contrastantes: en la UE uno de cada dos pasajeros viaja en tren; en México casi nadie lo puede hacer. En México, el costo de transporte de mercancías por tren es 30% más barato que por carretera. Desplazar por carretera una tonelada de mercancía por kilómetro cuesta 0.055 dólares; por vías férreas no rebasa los 0.034 dólares.

Por su parte, el transporte ferroviario emite la mitad de CO2 que el carretero: 20 gramos por ton-km. Si se modifica el transporte de carga carretera-trenes a niveles similares a los del resto de Norteamérica, las carreteras en México eliminarían 20% de vehículos, reduciendo —debido a su tamaño 2.5 mayor que los autos particulares— en 50% su espacio ocupado en carreteras, reduciendo también en cerca de 75% el peso que circula sobre estas. Si además se alcanzaran los niveles de trenes de pasajeros de la UE, se reduciría en 4% adicional el número de vehículos, 10% adicional en el espacio y 15% menos peso. El resultado serían carreteras con 24% menos vehículos, 60% más espacio y 90% menos peso deteriorándolas.

De ello se obtendría una reducción en sus gastos de mantenimiento, recursos que podrían redirigirse a la inversión en la rehabilitación del sistema ferroviario mexicano. Esas menores necesidades de mantenimiento presionarían reducciones en el costo de peajes, traducido en un beneficio neto para sus usuarios, así como en —por el ahorro en trenes— menores costos de flete para la planta productiva mexicana y la reducción a la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los transportes en México.

Sin duda, los opositores a estas medidas serían las empresas autotransportistas, los operadores privados de autopistas y contratistas. La capacidad de optimizar los escasos recursos nacionales del gobierno se notará si logra mover la estructura del transporte en esta dirección. De no hacerlo, nuestra sociedad recibiría el mensaje de que nuestro Estado mantiene los privilegios de grupos poderosos aun a costa del claro perjuicio al beneficio neto nacional.

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Economista e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM