Así ha sido desde que hace 25 años la creó el presidente Miguel de la Madrid para dar credibilidad a su oferta de renovación moral y simplificación administrativa. Los funcionarios encarcelados parecieron siempre más presos políticos que políticos corruptos, generalmente impunes.

Ahora, cuando el presidente Felipe Calderón alude a sus colaboradores, en primer lugar, como “muy cercanos a mí”, se antoja muy cuesta arriba que los auditores no la piensen dos veces antes de encontrar evidencias comprometedoras contra, digamos, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, ambos investigados por la Secretaría de la Función Pública.

Salvador Vega Casillas, el titular de la SFP, precisó que las investigaciones no se hacen a pedido, o por presiones mediáticas ni políticas. El problema es que, independientemente de la calidad moral del titular de la secretaría, la línea de mando que cruza a la SFP hace poco factible el combate a la corrupción al interior del gobierno federal.

Es inevitable recordar que investigaciones contra otros relevantes políticos o sus parientes no concluyen todavía o terminan con exoneraciones como ha sucedido con ex funcionarios del sexenio anterior. Quizá los altos servidores públicos investigados hasta la fecha por la SFP efectivamente carezcan de culpa; sin embargo, con la actual estructura gubernamental, no es posible estar seguros.

Esta falta de credibilidad trasciende a partidos y al Poder Ejecutivo federal. Los jueces se evalúan a sí mismos por medio del Consejo de la Judicatura Federal. Los legisladores tienen control sobre la Auditoría Superior de la Federación. Los gobernadores manejan a las contralorías estatales. Los partidos políticos remueven a voluntad a los consejeros electorales que los fiscalizan.

Con ese diseño institucional el combate a la corrupción siempre dependerá de la buena voluntad de los servidores públicos, de quienes la ciudadanía aprendió a desconfiar hace mucho tiempo.

Carretera nueva en una región sin ley

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes construye una carretera que comunica a las fronteras de Tabasco y Guatemala. Con 130 kilómetros de frontera sin vigilancia habría que tomar en cuenta cómo incidirá esta obra en el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico reinantes en la región.

Hoy, miles de centroamericanos, sudamericanos, cubanos evaden esa garita internacional a través de potreros, montañas y ríos del municipio de Tenosique. La red de “polleros”, el trasiego de droga, armas y secuestros —controlados por el crimen organizado— amedrentan a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que antes controlaban el negocio.

Sin ambiciosas medidas de seguridad que acompañen a esta obra sólo se destinará dinero público para que, al final, los criminales tengan una entrada más fácil a territorio nacional.

Es cierto que mejorar la infraestructura de una zona aumenta las oportunidades de desarrollo de la población; pero ¿de qué sirve si el comerciante, el campesino o el transportista serán extorsionados a la primer señal de prosperidad? El restablecimiento de la seguridad es primero.