De acuerdo con la primera encuesta sobre seguridad alimentaria que se realiza en México a nivel nacional utilizando el método de percepción directa de los hogares —como parte de la Escala Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria—, solamente 48% de los adultos vive en condiciones de seguridad alimentaria y 52% padece inseguridad alimentaria. Entre quienes la sufren en grado “leve” (30%), 32% afirmó que “se quedaron sin dinero para una alimentación sana” y 77% “se preocupó de que la comida se acabara”.

Entre los que padecen inseguridad alimentaria mediana (13%), 85% “se quedó sin dinero para una alimentación sana”, en 26% de los hogares “algún adulto sintió hambre pero no comió” y 89% “se preocupó de que la comida se acabara”. Finalmente, entre quienes padecen inseguridad alimentaria grave (9%), en 69% de los hogares “algún adulto tuvo hambre pero no comió”, de los cuales 63% “comió una vez al día y dejó de comer”; y 93% “se preocupó de que la comida se acabara” (véase la entrega de P. Parás y R. Pérez Esquivel, en Enfoque, de Reforma, 28/VI/08).

Dados nuestros graves problemas de desigualdad y pobreza, los hallazgos anteriores no son sorprendentes. De hecho, según las mediciones —más bien conservadoras— de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social, 14 millones 428 mil 436 mexicanos viven en la indigencia, también denominada “pobreza alimentaria”, que es definida como el segmento social “cuyo ingreso es menor del necesario para cubrir las necesidades de alimentación establecidas en la canasta alimentaria básica de INEGI-Cepal”.

Además, otros 30 millones 249 mil 448 mexicanos padecen pobreza no extrema, formando un total de 44 millones 677 mil 884 de mexicanos en pobreza.

Por eso, el encarecimiento de los alimentos ha agravado dramáticamente la inseguridad alimentaria crónica que padece la población pobre de México. Si para los indigentes cualquier carestía alimentaria no compensada por un incremento equivalente en los ingresos por definición repercute directamente en un menor consumo de comida, en cantidad o calidad, para los pobres no indigentes, la carestía afecta también su consumo de alimentos, porque otras partidas del gasto familiar son irreductibles (renta de vivienda, costo del transporte, etcétera).

De hecho, según las mediciones de Anita Regmi, economista senior del USDA-ERS, incluidas en la ponencia que presentó en el Foro Global Agroalimentario 2008, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, cuando los precios de los alimentos aumentan 10% en México, los hogares (si no son compensados: JLC) reducen sus compras de comida en 6% (www.foroglobalagroalimentario.org.mx).

Ahora bien: entre la primera quincena de agosto de 2006 e igual periodo de 2008, los precios de los alimentos crecieron 17.05%, pero los salarios mínimos sólo crecieron 8.06%. Entre junio de 2006 e igual mes de 2008, los salarios contractuales se incrementaron 9.18% y los manufactureros 10.58%, pero en ese lapso los precios de los alimentos crecieron 16.58% en promedio, con la particularidad de que los precios de los alimentos que consume la población que gana hasta un salario mínimo crecieron 18.22% y los que consume la población que gana entre uno y tres salarios mínimos crecieron 17.56%.

Algo es indudable: en la agenda de seguridad pública, es necesario incluir la seguridad alimentaria.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM