Hay por los menos tres rasgos lamentables en esta nueva promesa incumplida por los poderes legislativos: el más obvio está en la ominosa falta de respeto que les merecen los plazos establecidos por ellos mismos en la Constitución y en las leyes. En esta Legislatura federal han incumplido ya varias veces, impunemente. Lo hicieron con la designación del nuevo Consejo General del IFE, sin más explicación que la falta de acuerdos; lo volvieron a hacer con el procedimiento legal que quiso reformar el Estado, sin más trámite que un informe parcial; la reforma electoral se quedó trunca, pues no modificaron todas las leyes que la nueva redacción constitucional exigía armonizar; y lo repiten ahora con la reforma constitucional en materia de transparencia. Pero esta vez, ni siquiera hay explicaciones.

De aquí el segundo dato lamentable: mientras la prensa y los medios están atentos a las disputas políticas que surgen detrás de los cambios, los políticos les otorgan la mayor prioridad. Hoy estamos en medio de la confrontación petrolera, como ayer lo estuvimos en torno de las cuestiones electorales y antes de la agenda para reformar el Estado. Pero la transparencia pasó de moda: ya no ofrece ningún foro notable y, en consecuencia, dejó de importarles. Como diría Weber, se llenan con el viento del día, como odres vacíos de convicciones de largo aliento.

Pero el tercero de esos rasgos es el más grave, pues no se trata ya de la impunidad con la que los legisladores pueden dejar de cumplir los plazos establecidos por el máximo ordenamiento jurídico del país, sino de las consecuencias que tiene esa falta. Las leyes debían modificarse para permitir que, desde hace una semana, cualquier persona tuviera acceso a la información pública en igualdad de condiciones, en todo el país. Debían ajustarse, además, para exigir que los gobiernos publicaran en sus páginas de internet la misma información sobre los recursos públicos que utilizan y para que cualquier individuo conociera los indicadores sobre su desempeño, sin tener que transitar por el largo recorrido que supone pedir información específica a cada dependencia y a cada gobierno, siguiendo procedimientos y criterios diferentes en cada caso. Era uno de los avances más plausibles que se habían generado en los últimos años para tratar de devolverle la titularidad de la democracia a los ciudadanos.

Sin embargo, el plazo establecido por la Constitución se agotó y las cosas están peor que antes. Hoy tenemos leyes cuya vigencia, en rigor, debería considerarse nula y autoridades cuyas facultades debían extinguirse. Tenemos un entramado legal abiertamente contradictorio con los nuevos mandatos de la Carta Magna (¿Carta Magna?), compromisos que no se han cumplido y un ambiente de secreto e impunidad cobijado por las leyes que están en vigor. ¿Pero a quién le importa ese despropósito? Una vez descontada la publicidad obtenida con las reformas pasadas, el gran proyecto político es el que sigue.

Profesor investigador del CIDE