Para este ejercicio, la información de instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEG, antes INEGI) ha sido clave. En el caso de este último, sus datos del Censo 2000, del Conteo de Población de 2005 y de sus Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos (ENIGH) para los mismos años han sido de particular importancia.

El IDH requiere una estimación de los ingresos de las personas, información abundante en las ENIGH, pero no a nivel municipal, aunque disponible municipalmente en los censos, pero con severas limitaciones. La metodología usada por PNUD, también utilizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), combina estas fuentes generando nuevos cálculos.

Aunque parece sencillo usar las fortalezas de dos fuentes para superar sus debilidades en realidad no lo es. La existencia de sesgos en las estadísticas bastaría para echar por tierra este esfuerzo. Pero esto no ha ocurrido. El Coneval, por ejemplo, ha validado las cifras de pobreza nacionales a partir de estimaciones del ingreso de los hogares en cada uno de los municipios.

La confiabilidad del INEG es fruto del predominio de sus criterios técnicos sobre consideraciones políticas, lo cual le ha permitido superar desde los naturales retos de la evolución de los instrumentos estadísticos (ENIGH que amplía su cuestionario, por ejemplo) hasta las adversidades presupuestales autorizadas por la Cámara de Diputados (que limitaron la cobertura de su último conteo).

Este proceder sin sesgos debe ser preservado ahora con la nueva Ley del Sistema Nacional de Informática, Estadística y Geografía (LSNIEG). Esta legislación, en vigor desde hace unos días, especifica el nombramiento de un nuevo presidente del INEG y la conformación de su primera Junta de Gobierno a propuesta del Presidente y con la ratificación del Senado.

Un elemento que podría ayudar a preservar el carácter apartidista del INEG es la aplicación de un requisito contemplado explícitamente en la legislación del IFE, mas no en la LSNIEG. A saber, que no podrán presidir el instituto o conformar su máximo órgano de decisión quienes hayan sido propuestos para un cargo de elección popular por algún partido.

Ya instituciones como el Conapo y el Coneval son conformadas por quienes cumplen esta característica, independientemente de su capacidad técnica, lo que les da una primera base de confianza. Otras, como el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF, no han seguido esta ruta, y por ello hacen dudar de la plena objetividad de sus juicios. Que no sea este el camino del INEG.

rodolfo.delatorre@prodigy.net.mx

Director de la Oficina del Informe Nacional de Desarrollo Humano