Esto sucede en el debate donde intervienen políticos y también los intelectuales y los comunicadores. Un triste ejemplo de esta prisa lo ofreció Jaime Sánchez Susarrey en su artículo “El profesor Trejo”, publicado a principios de este mes (Reforma, 5/07/08).

Sánchez Susarrey optó por la prisa para dar respuesta a un texto previo de Raúl Trejo Delarbre (Crónica, 3/07/08), en el cual se defendía la reforma que los legisladores hicieron el año pasado al artículo 41 de la Constitución con el propósito de prohibir a los particulares la compra de propaganda electoral en radio y televisión.

Afirmó que el mecanismo mental utilizado en la argumentación de Trejo era de corte estalinista, lo acusó de creerse “censor de lo que es bueno y malo para la democracia”, y lo tachó también de delirante. Tanta era la urgencia por derrumbar al interlocutor con disparos dirigidos a su persona, que en su escrito apenas si abordó los interesantes argumentos sostenidos por su contraparte.

Más tarde, también fue lamentable que el periódico Reforma optara por negarle a Trejo el ejercicio de su derecho a la réplica. Cuando el aludido respondió por escrito los ataques de Sánchez Susarrey, ese diario decidió no publicar el texto. Al hacerlo así, no sólo violó la ley sino también contribuyó a que este importante debate se mantuviera a ras del suelo.

A diferencia de Raúl Trejo, tengo para mí que fue una iniciativa afortunada que 15 destacados intelectuales mexicanos recurrieran al amparo cuando, según su parecer, valoraron la referida reforma al artículo 41 constitucional como violatoria de su libertad de expresión.

También considero respetable que con notoria dedicación intenten otorgarle visibilidad pública a su asunto enviando cartas públicas a la Suprema Corte de Justicia. Al actuar de esta manera han llamado la atención sobre una controvertida discusión que muchas veces se tuvo dentro del Consejo General del IFE o entre los legisladores, para que otros mexicanos intervengan en el debate de la relación que deben guardar la propaganda electorera y la libertad de expresión.

Y también para que se aborden con más naturalidad y con más inteligencia el papel y los límites que los concesionarios de los medios electrónicos deben tener en los procesos electorales de nuestro país.

Celebro, en efecto, que haya sido por la vía jurisdiccional que estas personalidades hayan decidido exhibir sus respectivos argumentos. Ojalá y pronto les veamos haciendo lo mismo con respecto a otros temas, tanto o más urgentes de ser resueltos por el máximo Tribunal constitucional.

Una vez aclarado este punto, me reúno con Raúl Trejo y otros muchos mexicanos que coincidimos con la afortunada reforma constitucional que hicieron nuestros legisladores.

Estoy convencido de que se trata de una medida justa y también tengo la seguridad de que, una vez que los ministros revisen los amparos promovidos, esta reforma se quedará firmemente anclada en la nueva constitucionalidad mexicana.

Afirmo que es justa entendiendo el concepto de justicia como lo hace John Rawls: la justicia como equidad. Y también tomando de este filósofo los tres principios básicos relativos a este valor.

Para que la justicia esté presente: 1) las personas debemos contar con un régimen de libertades básicas iguales (tales como la libertad de expresión); 2) hemos también de gozar de igualdad de oportunidades para ejercer dichas libertades; y 3) para asegurar su ejercicio, las leyes deben procurar el máximo beneficio de los integrantes menos aventajados de la sociedad.

Al prohibir a los particulares la compra de la muy cara propaganda electoral electrónica, lo que el legislador mexicano hizo fue apegarse a estos tres principios de la justicia moderna. Igualó, que no conculcó, la libertad de expresión.

Analista político