Cuando una institución como la CDHDF —que es una defensoría del pueblo— hace su trabajo de forma profesional, con autonomía y de acuerdo a los códigos de ética, su importancia cobra una gran trascendencia para mantener un sistema democrático, porque se establecen contrapesos institucionales y morales al uso de la fuerza. Estamos ante una clara excepcionalidad institucional frente a otras experiencias de violaciones de derechos humanos que han quedado impunes (Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Zongolica, Oaxaca, Puebla, etcétera). Ante abusos y delitos que se pudren en las estructuras burocráticas de los aparatos de justicia.

Las inercias de la corrupción, la captura de los aparatos de seguridad, la ineficiencia de los organismos de derechos humanos y el tráfico de influencias son obstáculos reales que tienen que enfrentar todos los días la ciudadanía. Por eso es contrastante este caso.

El enfoque de poner por delante a las víctimas y el objetivo de establecer condiciones de certeza fueron los ejes de la investigación de la CDHDF. De las convicciones a las que llega el informe se pueden destacar los siguientes factores que estableció el ombudsman Emilio Álvarez Icaza: 1) la delegación Gustavo A. Madero es responsable porque “levantó ilegalmente una clausura definitiva al Divine”; 2) el operativo fue pensado y diseñado para otros fines, el objetivo real era hacer “una redada”; 3) se utilizó un recurso administrativo de verificación para entrar al antro sin orden judicial; 4) la redada era para utilizar a los jóvenes como objetos de prueba de delito de corrupción de menores y no como sujetos de derechos; 5) el operativo no previó escenarios de riesgo; 6) se hizo uso de una fuerza desproporcionada; 7) la acción policiaca generó una “trampa mortal”; 8) las muertes de jóvenes y servidores públicos fueron “producto de una acción concertada”; 9) “la atención de la crisis fue negligente y agravó la situación en lugar de controlarla”; 10) después de las muertes continuaron las violaciones de derechos humanos; 11) la tragedia era evitable; 12) la Secretaría de Seguridad Pública ocultó información y obstaculizó deliberadamente la investigación de la CDHDF.

A ello se suma un avance de las investigaciones en el que se muestra el grave deterioro institucional para impartir una justicia adecuada: información incompleta, ocultamiento, parcialidad, violaciones de derechos y un largo etcétera. La criminalización de jóvenes tiene, además, un sesgo discriminatorio porque se “afecta gravemente el ejercicio de los derechos de las personas en situaciones de riesgo, pobreza y/o marginación”.

La salida de los responsables directos y la promesa de una recomposición quedan como la respuesta inmediata a este informe por parte del jefe de Gobierno de la capital. El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones a las distintas instancias del gobierno del DF. La transformación del aparato de justicia es la siguiente etapa. Por lo pronto, este gobierno ha quedado marcado por este trágico acontecimiento y sus acciones se medirán por sus resultados en seguridad y justicia.

En suma, lo más preocupante es que si se pusiera el microscopio que empleó la CDHDF en el resto del país, el resultado no sería muy diferente…

Investigador del CIESAS