El debate público, en una democracia, debe ser robusto, libre y desinhibido, se dijo en la sentencia “The New York Times versus Sullivan”, hace más de 40 años. Nadie lo ha dicho mejor.

Ahora bien, cuando se impide que los ciudadanos conozcan los puntos de vista de los protagonistas de la política o cuando no se permite que a uno de ellos se le llame de tal o cual manera, se produce una restricción inaceptable y se entra en una peligrosa espiral que, en última instancia, nos conduce a la censura, la cual sí es —sin duda alguna— incompatible incluso con la versión más ligera de lo que debe entenderse por democracia constitucional. Donde hay censura en materia política no puede haber democracia.

El problema que tienen frente a sí los consejeros del IFE no es menor. Algunos de ellos insisten en que lo único que han hecho es aplicar la ley, como se si tratara de una operación aritmética de dos más dos. Lo cierto es que la legislación electoral admite más de una conclusión interpretativa, sobre todo si en la argumentación de las autoridades se toma en cuenta lo que señalan los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional en la materia.

Lo cierto es que la autoridad electoral ha entrado en una ruta sumamente peligrosa, en la que no parece vislumbrarse ningún ganador: es probable que ni la propia autoridad ni los partidos políticos ni mucho menos los ciudadanos salgan fortalecidos, luego de haber entrado en el tobogán prohibicionista en el que se están comenzando a deslizar.

Cabe suponer que las recientes decisiones de censurar el discurso político serán llevadas ante la mesa de los tribunales y que serán los jueces los que se encarguen de devolver la sensatez, a fin de que los ciudadanos seamos tratados como mayores de edad, como personas que tienen la autonomía suficiente para escuchar propaganda negativa y formarse pese a ella, o contra ella, su propio criterio.

Las libertades fundamentales no pueden ser cercenadas sin que todos paguemos un precio alto. Si esto es siempre importante, lo es todavía más cuando de lo que se trata es de impedir el diálogo que nutre la discusión pública y que es la única vía para llegar a formar ciudadanos y no súbditos. Lo inaudito es que sea ahora la autoridad electoral la que pretenda hacernos regresar a esa condición.

www.miguelcarbonell.com

Investigador en el IIJ-UNAM