De acuerdo a proyecciones para el primer cuarto de siglo, en México el consumo de carne de res crecerá de 1.6 millones a 2.6 millones de toneladas y se espera que ese crecimiento sea más alto en los hogares de la población ubicada en los deciles de menor ingreso (Salazar Adams, et al., Tec. Pecu., Méx, 2006, 44: 41-52); además, si sigue la tendencia actual en el crecimiento de los niveles de producción, la demanda interna de carne de res no podrá ser cubierta con la producción nacional, a menos de que se abran nuevas tierras a la ganadería a costa de tierras agrícolas o ecosistemas relativamente conservados.

Los principales motores de aumento de la demanda per cápita de alimentos son, entre otros, mayor afluencia económica, cambios en la estructura demográfica y la liberalización de mercados y de capitales.

En México, como en el resto del mundo, la forma en que se satisfaga la necesidad futura de alimentos, particularmente de proteína animal, determinará en gran medida el estado de conservación de los ecosistemas —de los que obtenemos bienes directos y servicios indispensables— y consecuentemente del estado de conservación de nuestra biodiversidad.

México tiene que tomar decisiones estratégicas ahora para encarar de manera adecuada la necesidad de mantener la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Para ello tiene que contestar preguntas importantes: ¿cómo incrementar la producción agrícola y ganadera sin ampliar la frontera agrícola a áreas productivamente marginales o de vocación forestal y esenciales para el mantenimiento de servicios ecosistémicos? ¿Dónde se encuentra el punto óptimo de uso de insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, agua) manteniendo al mínimo los costos ecológicos que tales prácticas representan? ¿Cómo proteger y ampliar el patrimonio de la variabilidad genética de los cultivos originarios de nuestro país (como maíz, frijol, jitomate, calabazas, etcétera), junto con los conocimientos culturales y tradicionales que han generado por miles de años estos cultivos?

La rectoría de tales decisiones y los programas que se generen de ellas son, fundamentalmente, responsabilidad del Estado, y debe apoyarse en investigaciones que conduzcan a una agricultura y una ganadería sustentables, basadas en principios ecológicos, cosa que no es frecuente encontrar, no sólo en nuestro país sino también en el resto del mundo. El panorama de crisis ambientales que se vislumbra para las siguientes pocas décadas en todo el mundo —y México no es una excepción— no puede estar exacerbada y acompañada de una crisis de inseguridad alimentaria. No hay nación que pueda encarar esta situación sin costos sociales incalculables.

jose.sarukhan@hotmail.com

Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM