Si se mira con cuidado, se verá que no solamente hay un discurso político e intelectual que aplaude el desenlace de nuestra transición a la democracia, sino que cree con sinceridad que nunca tuvimos una alternativa mejor. Se trataba de distribuir el poder entre partidos distintos, mediante un sistema electoral eficiente, y poco más. Todavía hace unos días, el nuevo director general de la International Foundation for Electoral Systems, Jean Pierre Kingsley, decía que las leyes y los órganos electorales de México siguen siendo ejemplares para el resto del mundo.

A despecho de todas las críticas, de sus graves errores y de la accidentada renovación de sus órganos directivos, los órganos electorales mexicanos siguen siendo el ancla del nuevo régimen. ¿Por qué? Porque sin ellos todo el resto del edificio se vendría abajo: si el régimen anterior estaba sostenido por el poder otorgado al presidente de la República, el actual descansa en los procesos electorales. Sin el IFE, los órganos electorales locales y el TEPJF, el nuevo sistema no sobreviviría.

Tras la nueva distribución del poder, que sucedió sobre todo entre 1994 y el año 2000, se han orquestado casi todas las reformas que hoy explican la operación cotidiana del nuevo régimen, con todos sus defectos y sus virtudes. Pero con un rasgo en común: todas asumen la democracia como un equilibrio flexible entre los partidos. Asumen que los verdaderos titulares del régimen construido son los partidos.

Los ciudadanos, en cambio, son vistos como electores (del mismo modo que en el mercado son sólo consumidores), que deciden las cuotas de poder asignadas a cada partido. No es poca cosa. Pero a partir de ahí, son estos últimos quienes diseñan y controlan las instituciones políticas.

Sin embargo, hay otra concepción de la democracia. Una en la que son los ciudadanos mismos quienes no sólo eligen a sus gobernantes, sino que además los vigilan y los sancionan. Y más todavía: se organizan para darse un mejor espacio de convivencia. No son gobernados felices porque tuvieron la oportunidad de elegir al poderoso de turno (como esposas sumisas, porque en algún momento eligieron a su marido), sino dueños de su destino y responsables ante los demás. Son ciudadanos maduros, conscientes de su convivencia y de sus relaciones políticas.

Esa concepción sobre la titularidad de la democracia está ausente del discurso y de las prácticas políticas mexicanas. No tenemos sentido de la república (la cosa pública), porque esa cosa no es nuestra, sino de otros. ¿De quiénes?

La representación y las decisiones políticas, de los dirigentes de los partidos; el mercado, de un puñado de millonarios; el debate público, de los dueños de los medios masivos; la organización laboral, de los líderes sindicales; y la burocracia, de los gobernantes de turno.

Sin duda es muy diferente de lo que teníamos. Es un nuevo régimen. Pero la democracia está de cabeza y temo que no se enderezará mientras ese arreglo funcione. Paciencia: el anterior solamente duró 70 años.

Profesor investigador del CIDE