La lucha por abrir la función pública al ojo ciudadano avanza penosamente en el Poder Ejecutivo federal, pero se atora en el Judicial y en el Legislativo y retrocede visiblemente en los gobiernos de los estados.

En Puebla, al góber precioso, Mario Plutarco Marín Torres, parece pesarle demasiado su segundo nombre y actúa como jefe máximo que abusa del autoelogio, aplica la censura y ejerce la cooptación para mantenerse intocable, a pesar de los excesos que han marcado su sexenio, notablemente el atropello de la periodista y escritora Lydia Cacho, que casi eclipsó la grave denuncia de pederastia contra particulares y políticos.

Cientos de millones de pesos se usan con vaguedades para encubrir su destino por diputados de todos los partidos políticos a quienes no basta su excesivo salario.

No es el único caso. En Veracruz, el gobernador Fidel Herrera Beltrán protege los gastos y salarios de su régimen por seis años, tres más de los que tendrá responsabilidades. Sólo lo pone nervioso que su viejo par y enemigo Miguel Angel Yunes Linares sea su sucesor.

En Zacatecas y otros estados, el indebido gasto para apoyar candidaturas de sus partidos fue escandalosamente denunciado, y en Jalisco, el propio gobernador reveló sin recato cómo apoya libremente a quienes prefiere, empresas de comunicación o jerarcas religiosos.

Porque la otra cara de la falta de transparencia es el cinismo, o la doble contabilidad de los ingresos públicos.

El gasto es detectable, pero los ingresos son imposibles de identificar y de rastrear, cuando no hay honestidad en el poder público.

Más certeza a las telecomunicaciones

La restitución en sus cargos de dos consejeros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) brinda nuevamente certidumbre a un sector cada vez más importante en esta sociedad de la información.

Primero, porque despeja presuntas injerencias de poderes fácticos en la remoción de Gonzalo Martínez y Rafael del Villar, y segundo, porque elimina el obstáculo que representaba que el Senado pudiera vetar a los candidatos propuestos por el Presidente bajo criterios políticos propios.

La autonomía de la Cofetel es indispensable ya que tiene la facultad, nada menos, de otorgar concesiones de radio y televisión y definir los criterios de operación de cable, telefonía y servicios multimedia que representan ganancias cada vez mayores. Tan sólo en el primer semestre de este año la industria creció 36.4%, un avance sin precedentes desde que se mide el Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), en 1999.

Lo que falta ahora es dar a la Cofetel y a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) facultades legales para controlar y sancionar en caso de prácticas monopólicas a los grandes consorcios que hoy dominan las telecomunicaciones y otros sectores.