Naranjo lo ilustró elocuentemente en su caricatura del 10 de junio en EL UNIVERSAL. Un barco llamado Plan Mérida se hunde a lo lejos, y una figura en un bote salvavidas en el frente regaña al Tío Sam diciéndole: “¡Nada! No acepto condiciones”.

Mi temor es que Estados Unidos y México, ambos actuando por motivos de política interna, podrían hundir una iniciativa importante en un momento crítico. El Congreso de Estados Unidos está negociando la legislación referente a la Iniciativa Mérida, y la clave, creo, es si el lenguaje que surja podrá pasar dos pruebas distintas. Primero, ¿satisface la necesidad del Congreso estadounidense de vigilar el uso del dinero de los contribuyentes? Segundo, ¿satisface el rechazo absoluto de México a una vigilancia que implique intromisiones o condicionalidad?

En lo personal respaldo la iniciativa porque sirve a los intereses de ambos países en un momento crítico. Las organizaciones criminales transnacionales colaboran con entusiasmo. Sólo trabajando juntos vigorosamente —aunque no sea con entusiasmo— pueden los países soberanos tener la esperanza de controlar a esta clase de grupos criminales. Pero en el caso de Estados Unidos y México, existen fantasmas e intereses que pueden impedir la cooperación.

¿Qué fantasmas acechan al Congreso estadounidense? Estados Unidos proporcionó asistencia técnica y apoyo político a agencias policiacas y militares de Sudamérica en los años 70 y 80. Muchas de esas agencias estuvieron implicadas en horribles violaciones a los derechos humanos, como tortura, asesinatos y desapariciones. La relación de Estados Unidos con las dictaduras militares, combinada con los escándalos de Watergate y la CIA en esa época, dejó profundas cicatrices. Siempre que el Congreso analiza propuestas para ayudar a agencias militares y policiacas en Latinoamérica, como en los casos de Colombia y países de América Central, los fantasmas regresan.

México tiene sus propios fantasmas. Su vecino del norte sermonea interminablemente sobre los problemas de México, y sin embargo no toma las medidas necesarias para atacar el tráfico de drogas y los abusos dentro de Estados Unidos. ¿Por qué no se ha hecho más para disminuir la demanda de drogas en Estados Unidos, o para detener la exportación de armas?

A su vez, México es acechado por el fantasma de los dramas que surgían durante las certificaciones antidroga anuales, cuando el Congreso de Estados Unidos se sentaba a juzgar al resto del mundo. ¿Qué derecho tienen los estadounidenses de supervisar la conducta de las fuerzas de seguridad mexicanas que realizan operaciones difíciles y riesgosas en contra de poderosas organizaciones de narcotráfico?

Por lo tanto, la prueba importante será “la letra y la música” que contenga la legislación sobre la iniciativa. Un lenguaje que instruya a la secretaría de Estado estadounidense a “vigilar y determinar” los avances de México en materia de reforma judicial o derechos humanos, o en cualquier otra cosa, será inaceptable. Un lenguaje que sugiera que puedan presentarse quejas legales contra personal militar mexicano en tribunales civiles es impensable.

La cuestión sobre el Ejército mexicano es importante. La mayoría de los observadores coincide en la necesidad urgente de establecer fuerzas policiacas civiles competentes, éticas y profesionales. Pero en un sistema federal tan grande y complejo como el de México, una reforma policiaca a gran escala tardará décadas. De hecho, la mayoría de los estadounidenses desconocen que la reforma policiaca de Estados Unidos es un acontecimiento bastante reciente, que recibió su impulso más fuerte en 1968 con la creación de la Administración de Asistencia a la Procuración de Justicia federal.

La realidad es que el Ejército mexicano tendrá que asumir gran parte de la carga de la lucha contra los cárteles de la droga en el futuro previsible. Sondeos de opinión muestran consistentemente que el público mexicano apoya el papel del Ejército en el esfuerzo antidrogas. En esencia, el presidente Calderón necesita al Ejército mexicano infinitamente más de lo que necesita la ayuda estadounidense en la batalla contra las drogas.

¿Por qué es el momento de la Iniciativa Mérida tan importante? Mi impresión es que el monto específico de la asistencia no es terriblemente importante, siempre que sea suficiente para reflejar un compromiso serio de Estados Unidos para apoyar la lucha de México contra el crimen organizado. Tampoco me siento muy optimista de que la iniciativa reducirá significativamente el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque el argumento de una disminución de la oferta ayuda a “vender” el programa al Congreso de Estados Unidos.

Lo que es importante es que ambos países construyan nuevas formas de cooperar en forma efectiva contra las poderosas organizaciones criminales. Esa lucha requiere de un ímpetu sostenido, y la iniciativa es una contribución de importancia simbólica y sustantiva para mantener el impulso hacia adelante.

Legisladores de ambos países lamentan haber sido excluidos de las negociaciones que condujeron a la Iniciativa Mérida. Los legisladores mexicanos evidentemente jugaron un papel constructivo en cuanto a educar a sus contrapartes estadounidenses sobre los problemas de la condicionalidad. Tengo la esperanza de que los legisladores estadounidenses puedan encontrar un lenguaje que pase las pruebas de aceptabilidad y rendición de cuentas. La posición que adopte el Congreso mexicano sobre la legislación de la iniciativa será crucial.

Nuevamente, creo que el astuto Naranjo lo entendió bien. Si el buen barco Mérida se hunde, las dos figuras en el bote salvavidas van a tener que nadar. Lo que no aparece en la caricatura es que el agua está repleta de tiburones. (Traducción: Gregorio Narváez).

* John Bailey es director del Proyecto México en la Universidad de Georgetown