Pero también en la propia SHCP hay sus discrepancias que ahora, en la modernidad, se ventilan públicamente sobre todo cuando a nadie le sucede nada por discrepar con su jefe o ex jefe. Hace una semana el subsecretario de Hacienda, haciéndose eco de las siempre “atinadas propuestas” de la OCDE, en las que un empleado de esa organización demandó al gobierno de México elimine el subsidio a la gasolina “porque sólo beneficia a los ricos y a los estadounidenses”, lo cual es por cierto —verdad en parte— según lo demuestra EL UNIVERSAL el pasado día martes. No obstante, el secretario esta semana contradice tajantemente a su subsecretario y menciona que los subsidios han impedido que la población tenga una mayor afectación en su economía; además concluyó que los impuestos son sostenibles ya que no incurren en déficit alguno.

Como demuestra la tabla comparativa de nuestro periódico, quien más gasta mayores beneficios tiene. Pero esta situación no es privativa sólo del subsidio a la gasolina, sino que prevalece en toda la economía. Así vemos que quien más gana menos paga proporcionalmente de impuestos, y que en los estímulos quien más gana también más recibe.

Un caso particularmente especial es el referente a los estímulos fiscales a proyectos de ciencia y tecnología, que se otorgan a las empresas establecidas en México para “desarrollar nuevos productos, procesos o servicios”. El otorgamiento de los mismos está a cargo del Conacyt, con la invaluable ayuda de la Secretaría de Educación Pública, la de Economía y la SHCP. Claro que es necesario que exista este tipo de programas, pero si nos acercamos a los resultados, parece que todo ha sido diseñado para que algunos cuantos saquen provecho adicional de los impuestos que todos pagamos.

Como es ampliamente conocido, en este país se otorgan cantidades ínfimas al desarrollo de la ciencia y tecnología: no llegan siquiera a 5% del PIB, contrariamente por cierto a los lineamientos de la OCDE.

Los estímulos iniciaron en el año 2001, otorgándose ese año la nada despreciable cifra de 400 millones de pesos. Pero resulta que han sido tan “beneficiosos” para este país que el año pasado se otorgaron 4 mil 500 millones de pesos para tal efecto. Es decir, en un plazo de seis años las devoluciones fiscales a las empresas privadas crecieron 10 veces.

Con la información disponible se ha podido saber que han sido unos cuantos los beneficiados de manera importante, como es la denominada controladora General Motors de México, SA de CV, que se llevó en estos seis años la friolera de más de 900 millones de pesos de estímulos fiscales por sus desarrollos científicos y tecnológicos. Por cierto, ahora esta empresa ha anunciado el cierre de sus plantas en el estado de México. Así pagan las ayudas que les otorgan los gobiernos.

Otras beneficiadas han sido la Volkswagen de México, Daimler Chrysler de México, Ford Motor Company, SA, Toyota, Teléfonos de México y otras pocas que controlan más de 50% de los estímulos otorgados. Por los estímulos otorgados, todo apunta a que en nuestro país somos una potencia de desarrollo tecnológico en materia automotriz. Lástima que no conozcamos ninguno de estos revolucionarios inventos o desarrollos.

También todo apunta a que con la complacencia de las secretarías firmantes se han otorgado ayudas a empresas poderosas sin ningún beneficio real para el desarrollo científico del país. Un buen ejemplo de ello es el caso de Mexicana de Aviación, privatizada hace dos años y que ahora ha planteado un conflicto de orden económico, lo cual le permite manipular los salarios de sus empleados con la amenaza de que si no quebrará. Pues resulta que a esta empresa el gobierno le otorgó el año pasado casi 60 millones de pesos de estímulos fiscales para, entre otros, el “desarrollo tecnológico de un nuevo modelo de negocio digital”, o “cuatro sistemas tecnológicos que le permitirán ser más flexible, ágil y competitiva”, o “un sistema de reservaciones de alcance global”. Así podríamos seguir, con estos proyectos tecnológicos.

Y también todo apunta a que estos estímulos han sido un fraude y no han permitido un desarrollo científico y tecnológico real, pues habría que preguntar dónde están las patentes registradas por las empresas dizque mexicanas involucradas, cuántos investigadores nacionales participaron en dicho desarrollos, qué universidades fueron invitadas a participar.

Cuántas universidades públicas mexicanas quisieran tener la oportunidad de recibir recursos para el desarrollo de la ciencia en México y se les niega o se les otorga migajas. El gobierno, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación deberían intervenir y revisar estos estímulos, que crecen cuantitativamente año con año sin el menor recato. Las empresas privadas ya encontraron un caminito de evasión fiscal denominado ahora pomposamente “estímulos fiscales para proyectos de ciencia y tecnología”.

Por cierto, ahora que la SHCP anda buscando 4 mil 500 millones de pesos para aumentar los subsidios a los pobres, debido a la carestía, debería tomar en cuenta que es exactamente la cifra que el año pasado “regaló” al sector privado para desarrollos tecnológicos.

Analista político y economista