El pasado mes de marzo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó un documento denominado Áreas de opacidad y riesgo del Estado mexicano. Oportunidades de mejora. En él se mencionan las áreas de la administración pública que requieren una mejor transparencia y sobre todo una mayor eficiencia.

Entre los casos que llaman la atención está el referido a la eficiencia recaudatoria, que es un viejo anhelo de muchos, y ante la cual los diferentes gobiernos, priístas y panistas, han hecho un caso menor debido, seguramente, a las implicaciones políticas que conlleva.

Utilizando las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se confirma que estamos en el último lugar de los 30 países miembros de dicha organización, ya que sólo recaudamos 19% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con países como Suecia, que recauda 50%, o Bélgica, que recauda 45%. La media de la OCDE es de 36%.

Lo peor es que si a ese 19% le restamos lo que da, vía impuestos, la petrolera nacional Pemex, estaríamos hablando cuando mucho de 10% del PIB. Con este porcentaje es poco lo que puede hacerse para mejorar nuestros sistemas de salud, educación y combate a la pobreza, por mencionar algunos de los rubros más importantes y acuciantes que nuestro país tiene por atender.

El documento de la ASF también establece que las devoluciones de impuestos han crecido en tal magnitud que, en comparación con el año 2000, se han duplicado en el 2005, cuando se devolvieron cerca de 150 mil millones de pesos. Además, demuestra que es un mito la afirmación de que estas devoluciones permiten a la iniciativa privada incrementar su inversión.

Si no se dota de mayores facultades a estados y municipios, se amplía el padrón de contribuyentes y sobre todo se combaten decididamente la evasión y elusión fiscales, poco o casi nada podrá hacerse por mejorar los ingresos públicos.

En las actuales condiciones económicas, más que privatizar parte de la operación de la empresa petrolera, es necesario que los contribuyentes aporten más y mejor, de manera acorde a lo que hacen otros países en condiciones similares al nuestro. ¿Por qué el gobierno no pone este asunto como prioridad nacional y hace que los que más ganan paguen más?

En nuestro país la mayoría de los causantes pagamos más impuestos que las grandes fortunas que aparecen en las páginas de sociales, debido a toda la trama legal de exenciones que parece hecha para que puedan eludir “legalmente” sus aportaciones fiscales.

Otro tema tratado en el documento es el de la educación, donde el desastre continúa más allá de las declaraciones triunfantes de los responsables del sistema educativo. También con datos, se menciona que nuestro sistema educativo es cuantitativa y cualitativamente ineficiente. En la educación superior en cuanto a población de 25 a 34 años incorporada a este nivel ocupamos el lugar 31 de 36 en la OCDE, y países latinoamericanos, como Chile, Brasil e incluso Bolivia, tienen mayor número de estudiantes. Con todo y las más de 100 universidades creadas en el sexenio pasado, las casi 30 que han anunciado en éste y las 25 que el gobernador del estado de México afirma va a construir, la oferta para atender a la población en edad de cursar el nivel superior sigue siendo baja y es una bomba de tiempo. En el caso de la educación media superior tenemos el honroso último lugar en educación terminada, con 21%, cuando la media de la OCDE es de 68%, y estamos por debajo de países como Chile y Brasil.

Un dato revelador es que 95% del gasto educativo se va a salarios mientras que el 5% restante se destina a inversión, cuando la media es destinar 80% a salarios y 20% a la inversión.

Y al hablar de opacidad, quizá quien se está llevando la palma es, aunque pocos lo crean, la Suprema Corte de Justicia. Prueba de ello son, por ejemplo, la decisión de negar que la ASF pueda verificar el servicio civil de carrera en dicho poder, bajo argumentos falaces. La ASF ya ha realizado 10 revisiones del servicio civil de carrera sin ningún problema; ¿por qué ahora ellos se niegan a hacerlo, qué esconden? Un rumor es que se podría poner al descubierto un supuesto nepotismo y favoritismo dentro de este poder.

Adicionalmente, de ser verdad lo que según los medios de comunicación informan, ahora la Corte ha resuelto que están exentos del pago por consumo de agua y del impuesto sobre nómina. Es decir, los señores ministros han entendido que su poder tiene que estar por arriba del resto de los mortales que sí tenemos que pagar, entre otras cosas porque creemos que ambas contribuciones son necesarias. Si a esto agregamos los ya de por sí cuestionables ingresos y prebendas que los ministros se otorgan por desempeñar su función, quizá haya que recordarles que son servidores públicos, iguales a otros por muy delicadas que sean las tareas que realizan.

Es claro que se les debe pagar bien, pero no excesivamente como es el caso, porque entendemos que están ahí por su vocación de servicio más que por los jugosos salarios que perciben. Los ministros deberían recapacitar, y si no lo hacen el Congreso debería legislar, ya que no se puede permitir que un grupo de personas, por muy poderosas que sean, esté por encima de todos. La actitud de los ministros es una vergüenza nacional y hay que hacer todo lo posible porque termine.

Analista político y economista