La decisión más fácil para anteriores gobiernos fue no actuar, ignorar un problema que creció durante décadas al amparo de la displicencia, el temor o la complicidad. Lo más fácil fue dejar que el reclamo de seguridad y justicia se perdiera en la indiferencia; ello significó dejar a millones de familias en el desasosiego y permitir que la delincuencia minara el tejido social.

La operación criminal en la última década diversificó su actividad. Transitamos de un modelo de “especialización” a uno territorial, en el que la premisa es el control de la plaza suplantando el poder del Estado. El objetivo es tener al servicio del crimen organizado toda la estructura de ilegalidad: tráfico de drogas, contrabando, piratería, control de giros negros, robo de autos, secuestro, extorsión de ciudadanos, migración ilegal y tráfico de armas, a partir de la cooptación de las policías locales.

El reto de la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno federal es enfrentar no sólo una red de narcotráfico, ya arraigada en las estructuras de poder y con enorme capacidad disruptiva, sino a estructuras recién consolidadas del crimen que interactúan y en ocasiones son las mismas redes del narco.

Por ello, el primer objetivo de los operativos conjuntos es recuperar el control del territorio de aquellas zonas asoladas por la presencia impune de organizaciones criminales. Este elemento de la Estrategia Nacional de Seguridad busca coadyuvar con las autoridades locales a establecer condiciones mínimas de seguridad, con algunos resultados positivos, como la reducción de hechos criminales en Acapulco o en Tamaulipas y Michoacán, primeras plazas en que se desplegaron los operativos federales. Sin embargo, en Culiacán o Ciudad Juárez se percibe una agudización de la violencia, entre otras cosas porque ahí la acción del gobierno apenas comienza.

Es momento de reconocer que a diferencia de otros temas de política pública, este es uno en que la sociedad en su conjunto está obligada a poner de su parte, desde cerrarle el camino al lavado de dinero hasta hacer la denuncia correspondiente ante el MP. En esta lucha, querámoslo o no, todos estamos juntos. Si bien las autoridades federales, locales y municipales por ley deben hacerle frente, y lo están haciendo pagando costos altos y vidas humanas, los ciudadanos no podemos asistir como espectadores ni frivolizar esta lucha. Muchos menos, apostarle a su fracaso.

Diputado federal