Veamos los dos ejemplos más recientes. El 10 de mayo pasado, en Myanmar, se celebró un referéndum para ratificar la constitución propuesta por la junta militar. La versión oficial señala que votó 99% de la población y 92% lo hizo a favor. Human Rights Watch calificó el ejercicio como “un insulto para el pueblo de Myanmar”, mientras que observadores registraron trampas y fraude (BBC News, 15 de mayo). En Suiza, hace un par de días, se rechazó una propuesta que daba a las municipalidades la última palabra en el proceso de naturalización de los extranjeros. La medida fue planteada por un partido de derecha y era violatoria de la constitución y de la Convención Europea de Derechos Humanos (International Herald Tribune, 1 de junio). El referéndum, en suma, es un instrumento que se puede utilizar para cualquier fin, ya sea democrático o autoritario.

En las democracias el referéndum es un mecanismo de crisis por excelencia, al que se recurre cuando la clase política no puede, o no quiere, tomar una decisión y prefiere que lo haga la ciudadanía. En México no existen mecanismos de democracia directa a nivel nacional, por lo que la propuesta de Ebrard es más estrategia política que solución efectiva al empantanamiento legislativo en materia petrolera.

Un problema de fondo con el referéndum es que, si no se regula de manera adecuada, resulta un instrumento de los gobernantes pero no de los ciudadanos, y puede devenir en amenaza a la democracia. La clave está en quién llama a un referéndum y sobre qué tema. El mejor diseño es que convoque la autoridad que debe obedecer el resultado del referéndum. Quien toma la decisión delega esta facultad en los ciudadanos. La fórmula de “convoca quien obedece” protege el orden institucional, en particular impide que el Poder Ejecutivo intente “saltarse” al Poder Legislativo a través de un referéndum.

En el caso del tema energético es claro que Ebrard no se apega a la fórmula de “convoca quien obedece”, ya que es una autoridad local quien pretende organizar un referéndum sobre un tema que es responsabilidad del Congreso. Y no lo hace por desconocimiento. La fórmula está presente en la Ley de Participación Ciudadana del DF: el plebiscito tiene que ser autorizado por el jefe de Gobierno y el referéndum por la Asamblea Legislativa.

En última instancia, el referéndum es el gobierno de la opinión pública y, como tal, está sujeto a sus limitaciones y veleidades. Si por la opinión pública fuera, los impuestos no existirían. Por ello, en prácticamente todos lados, incluyendo al DF, los temas fiscales o tributarios no son materia de referéndum. Se confía en el pueblo, pero hasta cierto punto. Además, y contrario a lo que se piensa, el gobierno de la opinión pública tiene tintes antidemocráticos. Como señalara Karl Popper, el gobierno de la opinión pública carece de un mecanismo de rendición de cuentas y fomenta la irresponsabilidad: ¿Quién es el responsable de una decisión equivocada si ésta la toma el conjunto de los ciudadanos? ¿Fuenteovejuna? Hay mejores formas de gobernar…

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Analista político