De no encontrarse un nuevo cauce, la estabilidad estará en riesgo. Generará tensiones adicionales al interior del Estado entre las necesidades tácticas de las fuerzas de seguridad y la obligación de la Suprema Corte de proteger los derechos y garantías. Y al romperse cualquier regla o límite, nada frenará a las organizaciones criminales para escalar, aún más, la lucha contra su adversario.

La política actual tiene cinco fragilidades que disminuyen su efectividad. Primera: no es una política de Estado ni que resulte de un acuerdo político y social amplio, sino una que es percibida como políticamente intencionada para aumentar la popularidad del jefe del Ejecutivo. Fue la manera en que se buscó legitimar al gobierno y sigue siendo un pilar fundamental del nivel de aprobación general hacia Felipe Calderón. En las encuestas le ayuda, pero por su propia naturaleza, su ejercicio no cuenta con el debido respaldo de todos los niveles de gobierno, poderes y fuerzas políticas.

Segunda: no la respalda una orientación política clara. No se dio una definición política contundente que limitara sus acciones, facilitara la coordinación interna y no generara conflictos innecesarios con la sociedad. Debió partir de una definición precisa sobre la necesidad de mejorar la seguridad dentro de la democracia, con respeto a los derechos humanos y dentro del estado de derecho. Ello facilitaría la coordinación, protegería a las instituciones y aumentaría el apoyo.

Tercera: no existe una idea clara, o la voluntad suficiente, para aislar a las organizaciones criminales de sus complicidades dentro del propio Estado, con la política y con los circuitos financieros. Eso disminuye la efectividad, pero sobre todo deslegitima la lucha en la medida en la que algunas de las acciones no se perciben como generales —para cumplir la ley— sino como sesgadas para favorecer a alguna organización respecto a otra.

Cuarta: la presión misma del combate y el interés político por lograr resultados inmediatos y aparatosos han llevado a utilizar precipitadamente la inteligencia disponible o a realizar acciones sin suficiente coordinación e inteligencia que las respalde, lo que disminuye su efectividad y expone innecesariamente a las fuerzas de seguridad.

Quinta: el enfoque sobre cooperación internacional ha sido inapropiado. Un Plan México, con un gobierno estadounidense debilitado y desprestigiado políticamente, en medio de una elección presidencial y sin respaldo nacional, estaba condenado al fracaso. Incluso los analistas que están dispuestos a liquidar la soberanía nacional, aceptarían que las condiciones de México, pero sobre todo de Estados Unidos, no son las mismas que cuando se aprobó el Plan Colombia.

En la corrección de estas deficiencias está la posibilidad de mejorar la efectividad de la política de seguridad y de evitar que la violencia rebase el umbral de la estabilidad por el escalamiento de sus objetivos y por no haber sabido construir el indispensable respaldo social y político.

Política de Estado, sin oportunismos políticos. Seguridad en democracia y dentro del estado de derecho. Inteligencia y coordinación. Templanza para no generar expectativas irrealizables. Cooperación internacional sin condicionamientos ni afectación de la soberanía. Acuerdo nacional no generado desde el gobierno para hacerlo creíble y viable. Esa es la reconsideración que se requiere.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista