La idea prevaleciente en el gobierno de que no hay dinero, ni tecnología, ni capacidad de generar proyectos, y que, por lo tanto, con abrir la empresa a la inversión privada, se resolverán los problemas del sector, incluso de aplicarse sin restricciones, no dará los resultados anunciados. Es ya parte de una visión obsoleta que no toma en cuenta los nuevos hechos de la realidad externa y del conflicto político interno. Es una reforma de los años 90 que se quiere aplicar en un mundo mucho más complejo.

El mercado petrolero actual nada tiene que ver con el de los años 90. Antes, había oferta suficiente: la de la OPEP, más los independientes que invertían según el crecimiento de la demanda. Hoy hay un problema de demanda y también de oferta. La demanda no cede, por el crecimiento de China e India. Mientras que la oferta no está siendo capaz de crecer a los ritmos anteriores.

En la política vinculada al petróleo, ahora hay una competencia franca por los recursos escasos. Hay una suma cero que acentuará los conflictos externos e internos en direcciones múltiples y diferentes a las anteriores. El peso de las grandes empresas petroleras está perdiendo terreno frente al crecimiento de los estados. Y la nueva situación tampoco puede desvincularse de la pérdida de poder político de Estados Unidos, provocada por su equivocada intervención en Irak y sus problemas económicos.

La importancia del medio ambiente afecta las decisiones globales. El petróleo barato acentúa la contaminación, pero el petróleo caro puede llevar a debilitar los compromisos con el ambiente.

En lo interno, cada vez está más claro que la iniciativa del gobierno no fue la más afortunada. Será más alto el costo político de la misma que los escasos resultados que pueda ofrecer.

El problema persiste. El problema político se resolverá cediendo. ¿Qué tanto? Cuanto sea necesario. Pero el problema real de la necesidad de contar con la suficiente energía para desarrollar al país, a precios razonables que le permitan competir, con estándares ambientales y fortaleciendo nuestra soberanía energética (crucial no sólo por su valor simbólico, sino para pagar menos y correr menores riesgos en un mundo confrontado por el petróleo) está muy lejos de resolverse.

Frente a la nueva realidad externa y el problema interno de energía, fisco y desarrollo, se necesita concebir y convenir una política nacional de energía. La agenda no puede restringirse a cómo quitar restricciones constitucionales y legales para conseguir el dinero público y privado necesario para sostener la plataforma exportadora y los ingresos fiscales.

Es otro el camino. Primero acordar los principios (soberanía y seguridad, interés público e intergeneracional, medio ambiente). Después su instrumentación, reconsiderar las decisiones principales (plataforma, exportación, fisco, nivel de integración industrial, interconexión con electricidad). Finalmente, las adecuaciones para asegurar los resultados (organización interna y autonomía presupuestal, política laboral, transparencia). La lucha política polariza y llama a reconsiderar. La conducción del Estado obliga a ser realistas ante el nuevo reto.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista