Hay que hacer algo. Afortunadamente, la conciencia de esta falla ha crecido en el país. Desde hace tiempo, el Conacyt y la Secretaría de Economía han iniciado diversos esfuerzos para apoyar a empresas que desean ser innovadoras. Ahora, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), junto con las instituciones mencionadas y con legisladores interesados en el tema, ha desarrollado una iniciativa de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, con el fin de asociar mejor el impacto de la misma con las tareas de innovación.

Se trata de una iniciativa que busca realizar un conjunto de reformas a la actual Ley de Ciencia y Tecnología. El objetivo más general es introducir en esta ley una regulación dirigida a normar el apoyo público federal a las actividades que impliquen alguna forma de innovación. El punto es que hasta la fecha la legislación ha asumido que la innovación no requiere de apoyo del Estado. Esta actitud, sin duda, es errónea, y más en México.

Las principales propuestas de la iniciativa son: 1) incorporar la actividad innovadora dentro de la política de Estado, y en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología; aunque usted no lo crea, hasta la fecha no hay ningún programa explícitamente dirigido a promover la innovación; 2) crear un Comité Intersecretarial para la Innovación, diversas redes regionales de innovación y unos organismos dirigidos a promover la vinculación industria-ciencia; 3) establecer fondos sectoriales para la innovación; 4) introducir al campo de la ciencia y la tecnología las actividades de normalización y de generación de la propiedad industrial; 5) hacer diversas reformas puntuales a la regulación respectiva a los Centros Públicos de Investigación.

Las propuestas anteriores implican un cambio muy significativo en el apoyo público a la innovación. Así, entre otras novedades: el comité intersecretarial estaría presidido por el secretario de Economía, lo cual le dará un peso muy importante a esta actividad coordinadora. Seguramente se hará más fluido el apoyo público a la innovación; las unidades de vinculación y transferencia del conocimiento podrían apoyar a las universidades y a los centros públicos de investigación para crear empresas que desarrollen tareas de vinculación.

Asimismo, los fondos sectoriales tendrían el objeto de dirigir el apoyo público al desarrollo de la innovación en ciertos sectores específicos. Podrían, por ejemplo, proporcionar capital de riesgo para impulsar ideas productivas en algún campo determinado de la industria.

Se acabó el espacio, pero espero que los ejemplos citados den una mejor idea de la gran importancia que tiene esta iniciativa, no sólo para el avance técnico del país, sino para la modernización de toda la economía.

Profesor investigador del CIDE