Con 85% de los votos a favor, el referéndum pretende aprobar el estatuto departamental que permite a la región definir sus propias políticas económicas, educativas, agrarias, de salubridad, de gobierno y de elecciones, entre otras.

El presidente Evo Morales ha tachado el referéndum de “ilegal, inconstitucional y dictatorial”, negándose a aceptar los resultados del mismo, por carecer de base constitucional, e hizo un llamado a los demás prefectos (gobernadores) para dialogar sobre lo que representa una “verdadera autonomía” y dejar a un lado este tipo de “acciones secesionistas”.

Pero el asunto de la autonomía de Santa Cruz, uno de los nueve departamentos del sistema político unitario bolivariano, va más allá de un referéndum. Expresa un grave conflicto de fondo entre el oriente, o de “blancos ricos”, donde también están los departamentos de Pando, Beni y Tarija (87% de las reservas probadas de gas natural), y el altiplano de occidente de “indígenas pobres”.

Santa Cruz es el departamento de mayor extensión territorial de Bolivia, que representa casi la cuarta parte del total del territorio nacional. Cuenta con una población cercana a los 2 millones y medio de personas de los casi 10 millones totales del país; y es, además, la región más rica en productos alimentarios básicos y energéticos como el petróleo, concentrando aproximadamente 30% del PIB nacional y enormes extensiones de propiedad agrícola sólo equiparables a los latifundios porfiristas. Branco Marinkovic, por ejemplo, presidente del comité cívico pro Santa Cruz, es dueño de 27 mil hectáreas.

La región de Santa Cruz es gobernada por una fuerza política de franca oposición al gobierno de Evo Morales (quien ganó las elecciones presidenciales de 2005 con 54% de los votos), y a sus políticas centralistas y pro socialistas.

Por otra parte, los líderes autonomistas señalan que la votación fue histórica en la región y que con ello se abre “el camino hacia una nueva república, hacia un moderno Estado… el Estado unitario más descentralizado de toda nuestra América morena”. Celebran mucho este ejercicio democrático, el cual consideran totalmente legítimo por el nivel de participación y por la gran preferencia por una de las opciones que éste contenía. Hay voces que incluso hablan sobre la “refundación de Bolivia”.

¿Esta autonomía se traduce en una separación? En voz del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, la respuesta es “no”. Según sus palabras, él mismo ha recibido una carta de varios prefectos de Bolivia, entre ellos el de Santa Cruz, “en que señalan su completa adhesión a la unidad nacional, al rechazo de todo intento de división de Bolivia y de ruptura del orden democrático”.

Autonomía o separatismo, este referéndum ya tuvo su primer consecuencia: el día 12 de mayo, el presidente Evo Morales tuvo que promulgar la Ley del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular para presidente y vicepresidente de la República, así como para los prefectos de los nueve departamentos del país, aprobado por el Senado con mayoría opositora al presidente, con el propósito de revocar su mandato, o en todo caso hacerle llegar una llamada de atención.

Lo que probablemente el nuevo referéndum revocatorio senatorial pretende lograr es que se deje atrás la política centralista y socialista del actual presidente; que se dejen a un lado el discurso y la lucha entre “collas” (pobres) contra “cambas” (ricos) como se le conoce localmente; y acabar con el enfrentamiento de los movimientos sociales patrocinados por el gobierno en contra de “la oligarquía autonomista”.

Lo único cierto es que el verdadero sentido de este último referéndum será difícil de conocer en el corto plazo; sólo esperemos que las diferencias políticas, económicas y sociales del país latinoamericano no lo lleven a una eventual secesión o polarización de la sociedad al punto de un desenlace en guerra civil.

Profesor investigador del Tec de Monterrey, CCM