El PRD, y un sector del PRI, se comportan como los grupos más afectados por la posibilidad de una reforma energética con tintes privatizadores. Esto contrasta con reformas pasadas, como la apertura comercial, donde la oposición provenía principalmente de industrias que resultarían afectadas. El rechazo del PRD y del PRI tiene un fuerte componente ideológico. Primero, ambos consideran al petróleo como un símbolo de soberanía, por lo que pertenece en forma natural al ámbito del Estado. Por ello, y a pesar de las similitudes, el petróleo se produce en México con una regulación diferente a la del cobre o de la plata. Segundo, hay una profunda desconfianza, incluso rechazo, hacia la iniciativa privada. Se cree que la IP sólo vela por sus intereses particulares, descuidando el bien colectivo. Además, la batalla por la reforma de Pemex es para López Obrador sólo una extensión de su enfrentamiento con el sector privado en 2006.

Imaginemos este escenario: ¿qué perdería la clase política si se privatizara Pemex? Perdería la influencia que da controlar a la empresa más grande de México. Esto significa que el Estado, y la clase política, tendrían menos poder: se debilitaría la fuerza del Estado para intervenir en la economía, en especial a través de los precios de los derivados del petróleo; nuestros dirigentes también perderían poder de negociación con el sector empresarial ya que éste dependería menos de las decisiones tomadas por el Estado; el gobierno tendría un menor presupuesto que ejercer y menos puestos que otorgar en la administración pública, etcétera. Es obvio que administrar Pemex con criterios de rentabilidad resulta poco atractivo para muchos de nuestros políticos. Muchos de ellos aceptarían hoy dirigir Pemex, pero ¿cuántos aceptarían encabezar Shell o ExxonMobil?

Cualquier reforma que limite la esfera de influencia de los políticos los debilita. Esto, sin embargo, es positivo. La historia de nuestra transición se puede leer como la pérdida gradual de poder de la clase gobernante: ésta perdió el control sobre las elecciones y, con la autonomía del Banco de México y el TLC, perdió buena parte del manejo discrecional de la economía. La democracia también significa controlar y limitar a los gobernantes.

Pemex es hoy una fuente de poder para el Estado pero también para el PRI. La alianza del sindicato petrolero con el PRI es un fuerte incentivo para que el PAN fomente la transparencia de la empresa paraestatal. Ni al PAN ni al PRD les conviene otro Pemexgate en el futuro y sí les beneficia una empresa y un sindicato ajenos a la política.

En este contexto, es secundario si Pemex es o no es propiedad del Estado. Lo que importa es cómo se administra, si se maneja con criterios políticos o de eficiencia, si se toman decisiones que generen más utilidades o si, por el contrario, parte de las ganancias se “pierde” por la discrecionalidad con que se maneja la empresa. En última instancia, la reforma de Pemex es un indicador de qué tipo de Estado queremos tener. Eso es lo que está en juego.

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Director de Opinión Pública de Ipsos-Bimsa