Para nuestro país resulta muy desgastante insistir en mantener la confrontación permanente como vía de presión y de conquistas políticas cuando, gracias a los avances democráticos de los últimos años, contamos ya con cauces institucionales que garantizan la posibilidad del diálogo para alcanzar acuerdos en todos los asuntos de interés público.

En estos tiempos la confrontación y la violencia sólo generan zozobra, polarización social y retraso en el desarrollo del país. No existen argumentos válidos en el México de hoy para que las demandas legítimas de todos los grupos sociales, cualesquiera que sean sus posiciones o signos ideológicos, encuentren hoy en la vía institucional el camino para la construcción de soluciones estables de largo plazo.

Es precisamente a través de la ruta institucional en donde se pueden construir soluciones que pongan fin a demandas históricas y contribuyan al proceso de consolidación democrática del país, en donde todas las voces sean escuchadas y todas las expresiones políticas cuenten con un espacio institucional que permita su inclusión y participación activa en el desarrollo de todas las regiones del país.

En las últimas semanas se ha abierto una posibilidad real de diálogo entre el EPR y el gobierno federal. El diálogo parece ser posible, más allá de distintas interpretaciones que pudieran dársele al acercamiento inicial del EPR y a la respuesta del gobierno federal a su planteamiento. Lo realmente importante es que, por primera vez, se muestra la voluntad política de ambas partes para instalar una mesa de diálogo y negociación, y se vislumbra la posibilidad de que se encuentren mecanismos para dar soluciones duraderas a viejos y nuevos diferendos.

Por un lado, el EPR mostró su disposición para dialogar con el gobierno federal y puso en la mesa su preocupación sobre la desaparición de algunos de sus miembros, y se ha comprometido a suspender las acciones armadas durante las eventuales negociaciones que contarían con la presencia de una comisión de intermediación (reconocida por el gobierno federal como un grupo de “testigos sociales”).

La propuesta del gobierno federal es de gran trascendencia porque mostró, de forma inédita, la voluntad que existe en el gobierno de “establecer un diálogo amplio, pacífico y civilizado que permita avanzar en una agenda común” en el marco de la vida institucional y de la vigencia del estado de derecho. Es decir, no se trata de la aceptación de la negociación y el diálogo entre el Estado mexicano y un grupo subversivo. De ahí la demanda a que el llamado PDPR-EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia, la negación al condicionamiento al diálogo exclusivamente al interés del llamado PDPR-EPR y a la posición de que el diálogo deberá necesariamente incluir aquellos temas que le interesan al Estado mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional. Todo ello sin cancelar las investigaciones abiertas a integrantes del EPR ante el Ministerio Público federal por los actos delictivos denunciados con anterioridad.

En un Estado democrático como el nuestro siempre debe haber espacio para las soluciones derivadas del diálogo y la inclusión. Siempre será preferible lo poco o mucho que se obtenga a través de la fuerza de la negociación, que lo que se destruye con la fuerza de la violencia. La paz es tarea de todos, de todos es responsabilidad cuidar nuestra democracia.

Diputado federal