A raíz del último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la H. Cámara de Diputados, surgió un caso que varios hemos comentado en diferentes medios. Se trata de la licitación de frecuencias que ganó la empresa Unefon y que ha originado una serie de controversias judiciales que todavía no termina y que parece va para largo, especialmente al considerar la cínica actitud de los empresarios en cuestión.

La semana pasada, en un desplegado a página entera en varios periódicos no sólo mienten con el mayor desparpajo, sino que acusan a los servidores públicos de no cumplir con sus obligaciones, mencionando al final que “las leyes son para obedecerse y los fallos de los tribunales para acatarse”. Qué bonita frase, proviniendo de empresarios que lo único que han hecho es aprovecharse de la buena fe de algunos funcionarios, y quizá de las componendas con otros.

Vayamos a los hechos que la ASF puntualmente encontró y que ahora están en manos de la Secretaría de la Función Pública. Esperemos que defienda los intereses de la nación por encima de los de empresarios poco respetuosos de sus compromisos pero poderosos.

La empresa mencionada ganó una licitación pero no cumplió con los términos de la misma, por lo que las autoridades debieron cancelar el procedimiento y realizar una nueva licitación pues, como dicen los empresarios en cuestión, las leyes son para obedecerse y en este caso ellos no lo hicieron al no pagar en tiempo.

Pero esto no es lo más grave ya que, ni cortos ni perezosos, pidieron una prórroga a la Cofetel para efectuar el pago faltante y esta comisión, después de analizarlo y consultar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se las autorizó con la condición de pagar intereses.

Ahora en su desplegado afirman que los pagaron “bajo protesta”. Nada más falso, y para demostrarlo reproducimos el último párrafo de la comunicación que la citada empresa dirigió al pleno de la Cofetel el 1 de octubre de 1998 y que, ante la decisión de ésta de concederles la prórroga pero con cobro de intereses, firmó el señor Gabriel Roqueñi Rello, en representación de Sistemas Profesionales de Comunicación (Unefon): “En virtud de lo anterior, y en cumplimiento al punto quinto de dicho acuerdo del Pleno de esa H. comisión, por este acto, mi representada manifiesta a esa H. comisión su consentimiento con todas y cada una de las condiciones establecidas en dicho acuerdo”.

Pero, ¿qué creen? Nuevamente la empresa no pudo cumplir y pidió una segunda prórroga, ahora al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), que se la concedió, también con cobro de intereses. El 26 de marzo de 1999 el señor Javier Sarro Cortina, en representación de la empresa, manifiesta: “Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito: primero, se conceda, en los términos propuestos, una segunda prórroga para cubrir el saldo insoluto de la contraprestación relativa a las concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicios de acceso inalámbrico fijo o móvil. Dicho saldo pendiente de cubrir la suma de 2 mil 96 millones 724 mil pesos, equivalente a 80% de la contraprestación, más intereses por 453 millones 681 mil 276.41 pesos, más el impuesto al valor agregado, con el carácter de aprovechamiento derivado de una licitación convocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones”.

Adicionalmente, cuatro días después el mismo abogado envió otra comunicación cuyo último párrafo dice: “En virtud de lo anterior y en cumplimiento al contenido de dicho oficio, mi representada manifiesta a esa H. secretaría su consentimiento con todas y cada una de las condiciones establecidas en dicho oficio”.

¿Cómo es posible que ahora declaren públicamente que pagaron los intereses bajo protesta, si en tres comunicados aceptaban las condiciones que les ponía el gobierno en aquellos años? Se aprovecharon, ya sea de la buena fe o de la debilidad de los funcionarios públicos para, como se dice comúnmente, “agandallarse” unas frecuencias pagando lo menos posible y comprometiéndose a realizar pagos que después cuestionarían.

Aparte de lo anterior, tenemos el asunto de la devolución de los intereses pagados, realizada el último día del gobierno del presidente Fox, pero con el inconveniente de que existen opiniones escritas por funcionarios de la SCT, los licenciados Diego Tinoco Ariza, del 7 de septiembre de 2005, y Genaro Jiménez Montufar, del 26 de septiembre de 2005, en las que “se estima que la sentencia de fecha 6 de abril de 2004 que ha quedado firme no obliga a devolver a la empresa cantidad alguna” y “no ordena que se devuelva cantidad alguna como lo regula el artículo 237 último párrafo del Código Fiscal de la Federación”.

La gran pregunta que hay que hacerse y que el gobierno del presidente Fox o su entonces titular de la SCT deben responder es: ¿por qué, con estos antecedentes que la empresa había aceptado por escrito, les devolvieron más de 500 millones de pesos el último día de su gobierno? ¿Cuál fue la negociación que hicieron los servidores públicos con los empresarios referidos?

Esperemos que la Secretaría de la Función Pública, mediante las investigaciones que realice, pueda llegar a determinar quiénes son los culpables y que especialmente defienda los intereses del gobierno, que ahora se ven amenazados por estos peculiares empresarios que pretenden se les paguen intereses moratorios y actualización, llevando la cifra a más de 2 mil millones de pesos.

Sería una derrota que el gobierno se dejara presionar. También es necesario que los jueces tomen en cuentan la manipulación y desprecio que por la ley y los compromisos tienen los citados empresarios.

Analista político y economista