El 10 de abril, un grupo de legisladores del FAP tomó las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados para mostrar su inconformidad con el mecanismo para debatir la iniciativa de reforma energética. La toma de tribunas en el Congreso no es algo nuevo en nuestro país, pero nunca se había mantenido por tanto tiempo, y preocupa a los ciudadanos que se convierta en una práctica cotidiana que frene iniciativas y sustituya al diálogo respetuoso como la vía para alcanzar acuerdos.

La toma tiene consecuencias negativas en muchos sentidos. Primero, se paraliza el trabajo legislativo. Cerca de 40 leyes se tienen que aprobar antes del 30 de abril, entre ellas las reformas secundarias en materia electoral, las reformas de transparencia y de justicia penal y la elección del contralor del IFE y de dos consejeros electorales.

Segundo, se envía a los ciudadanos un mensaje de falta de seriedad por parte de los legisladores, que se muestran incapaces de debatir y alcanzar acuerdos de beneficio colectivo. Con ello se afecta la credibilidad y confiabilidad en los trabajos del Congreso. Tercero, estas acciones no abonan a solucionar conflictos y construir consensos; por el contrario, alimentan la polarización política y social sobre temas trascendentales para el país que requieren debates razonados, respetuosos y bien informados.

Los ciudadanos nos seguimos preguntando qué justifica que se paralicen los trabajos del Congreso y con qué mecanismos se cuenta para evitarlo. De hecho, el trabajo legislativo se rige por nuestra Constitución, por la Ley Orgánica y el Reglamento para el gobierno interior del Congreso, donde se garantiza el fuero de los legisladores, pero también se faculta al presidente de cada Cámara para solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.

En todo caso, logrando el quórum, también se tiene la posibilidad de sesionar en una sede alterna (como se ha hecho), para desahogar los trabajos más urgentes. Sin embargo, legislar fuera de los recintos oficiales tiene un impacto simbólico grande y sólo contribuye a profundizar las diferencias partidistas que debieran resolverse a través del diálogo.

En última instancia, debemos apelar a la madurez de las fuerzas políticas y al sentido de responsabilidad de los legisladores con los ciudadanos para evitar que estas acciones sigan dándose. La toma de las tribunas en ningún caso será una vía válida para hacer escuchar la voz de un grupo en el Congreso. Significa no sólo la parálisis legislativa, sino un serio atentado a la vida institucional y democrática del país. Es imperativo que bajo ninguna circunstancia nos acostumbremos a tolerar esta pretendida forma de hacer política.

Diputado federal