Cualquiera que sea la próxima treta del FAP/PRD para escalar la tensión y el escándalo, el régimen legal de Pemex habrá de ser discutido de la manera más amplia y ordenada. No está de más desear que la insurgencia enfríe su retórica incendiaria y exponga su postura en orden. Después de todo, Pemex seguirá aportando recursos al crecimiento del país, aun en un entorno global incierto. Aprender a dialogar en forma civilizada es más vital que cualquier otro asunto.

No ignoremos el potencial pedagógico de un debate ordenado, bien editado y ampliamente difundido para auspiciar el mayor consenso informado —todo un salto de nuestra democracia, de la puerilidad a la adolescencia al menos—. Dicho lo anterior, encaremos los argumentos por la reforma, cuya mayor inconsistencia radica en presentar un cuadro crítico de Pemex al tiempo que la empresa sólidamente aporta más de la tercera parte del ingreso público.

Si la palabra “crisis” significa sofocamiento de Pemex por el gobierno, el desbalance podría corregirse destinando más recursos a la empresa y mejorando el control de su gasto, como se ha venido haciendo desde 2003. Es decir, para equilibrar la relación entre Pemex y el gobierno no se requiere reforma; por otro lado, es extraño que el gobierno aduzca su glotonería fiscal con tal de sostener la imagen de un Pemex en crisis. El argumento despierta sospechas.

Alegatos por el estilo han ido y venido desde el sexenio de Salinas, empezando por la imagen del sindicato petrolero como parásito voraz, el tamaño desmesurado de la empresa, su carácter monopólico, la comparación de la estructura fiscal de México con la de países no petroleros, el dictamen de quiebra técnica de Pemex a partir de criterios no aplicables, su incapacidad tecnológica, el “tesoro” en aguas profundas, el efecto popote y cuántas historias más.

Esta línea argumental se originó en la crisis fiscal de los 80, que obligó a aumentar la exportación de crudo a expensas del desarrollo y mantenimiento de Pemex. Desde entonces ha habido varias reformas, las cuales, favorecidas por el auge del precio del petróleo, han reafirmado a la empresa como pilar del desarrollo. No obstante, la advertencia oficial de una crisis inminente continúa. La nueva consigna es que la empresa ha perdido competitividad global, como si eso significara algo.

Es claro que la “caída” de Pemex en el ránking global no se explica por falta de inversión, pues los montos ahora destinados no tienen precedente; la caída es relativa y se explica por el aumento de la inversión petrolera global, un boom histórico, de modo que la proporción representada por Pemex disminuye relativamente, no en absoluto. Ahora bien, ¿a qué aducir esta supuesta caída si la empresa no compite ni necesita competir con nadie dentro y fuera del país?

El ahínco en diseminar argumentos tan endebles contrasta con el desinterés en la transición hacia fuentes alternativas de energía. La lógica de todas las iniciativas de reforma ha sido aumentar la exportación de crudo para no quedar atrás en la carrera por acabárselo, en vez de administrarlo para financiar la transición energética. Si se asume que el fin del petróleo ya empezó, ¿qué apuro hay en extraerlo todo y venderlo crudo?

Una reforma responsable pondría metas de transición. Por ejemplo: para tal año habremos de generar equis cantidad de energía por medios no convencionales. Para ello el gobierno asegurará que determinada proporción del ingreso petrolero sea destinada a fomentar fuentes alternativas de energía públicas, privadas y sociales. Las empresas que comercien con Pemex y CFE causarán un impuesto destinado a financiar la transición energética, incluyendo la formación de profesionales y los experimentos necesarios.

blascota@prodigy.net.mx

Analista político