En retrospectiva, a las mesas del Palacio de Minería y posteriormente en San Lázaro, concurrieron todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos con registro, aun aquellos que le disputan legitimidad al actual titular del Poder Ejecutivo federal. Con ello, reconstruimos las bases del diálogo nacional.

Sobre esta base de pluralidad y civilidad, los actores políticos procesaron en el Congreso, espacio plural y democrático reconocido por todos, los temas de la agenda pactada y los temas de la agenda nacional. Ahora que inicia la discusión del tema energético, no parece ser el momento de poner en riesgo este legado. Hay quienes creen que es la ocasión de volver a la política de la calle, de la presión y de los golpes. Habemos, y me parece que somos los más, quienes creemos que el diálogo, el debate y los acuerdos son el verdadero sustento de la democracia y el desarrollo nacionales.

Es así como, de los cinco temas pactados en la Ley para la Reforma del Estado, avanzamos en dos de ellos y en los tres restantes, integramos consensos básicos para enviarlos a trámite legislativo y ulterior conclusión.

En materia electoral, recogimos el sentir ciudadano y de los partidos, para restituir la confianza en los procesos y órganos electorales y definir nuevas reglas del juego. Pasamos de un modelo de excesivo gasto, a un modelo de civilidad con menor cuantía en publicidad y medios, con medidas tales como reducir el costo de las campañas así como la duración de las mismas, regular las precampañas y el uso de tiempos de radio y televisión, lo que incluye el fortalecimiento del Instituto Federal Electoral en sus facultades de fiscalización, vigilancia e integración profesional y escalonada de los conejeros electorales.

De conformidad con las previsiones legales, y a efecto de dar pleno cumplimiento a la nueva norma electoral, requerimos procesar en tiempo y forma las adecuaciones a las normas complementarias impactadas por los cambios en materia electoral. Ello constituye una prioridad en el actual momento legislativo, que no podemos dejar de atender.

En el tema de Reforma del Poder Judicial, en una primera fase, alcanzamos acuerdos en materia de seguridad y justicia penal. A efecto de fortalecer la seguridad pública, dotamos al Estado mexicano de nuevos instrumentos para el combate a la delincuencia organizada y se estableció el control judicial, con jueces de garantías, a las disposiciones excepcionales de arraigo, intervención de comunicaciones y medidas cautelares respecto de bienes involucrados en la comisión de delitos. El Congreso rechazó la posibilidad que se había planteado de afectar garantías individuales con la tesis del combate a la delincuencia, desechando la posibilidad de allanamiento por excepción, estableciendo en cambio el pleno respeto a los derechos individuales y el debido proceso en todos los casos.

Legislamos, asimismo, medidas como el principio de presunción de inocencia, institución que representa un giro radical a la administración de justicia, sustentada hasta ahora en el proceso penal de carácter culposo. De esta forma, en delitos de menor cuantía, el inculpado podrá sustentar el proceso en libertad, mediante caución, restringiendo el abuso en el recurso a la prisión preventiva, que de manera indebida en muchos casos mantiene en la cárcel a miles de mexicanos sujetos a proceso.

Hemos construido las bases de consenso necesarias para alcanzar nuevos acuerdos, mismos que, conforme a las previsiones de la Ley para la Reforma del Estado, serán enviados por la CENCA a las cámaras del Congreso para su procesamiento legislativo, asunto éste que constituye un elemento más para proseguir sin interrupción las labores en el Congreso.

Existen consensos para procesar los acuerdos alcanzados en los temas de Régimen de Estado y Gobierno con la Reforma del Congreso; Federalismo, en materia de fortalecimiento al municipio, y Garantías Sociales, considerando el respeto a los derechos humanos, impulso a la educación pública con calidad, equidad de género y reorientación de la política social. En materia del Poder Judicial, se tiene la propuesta de renovar la Ley de Amparo.

La reforma del Congreso habrá de propiciar un régimen efectivo de rendición de cuentas, en el cual el titular del Ejecutivo federal presente el informe por escrito del estado que guarda la administración pública y se someta al análisis del mismo para que, mediante pregunta parlamentaria, el Presidente de la República o sus secretarios de Estado, den respuesta a las interrogantes bajo protesta de decir verdad, como es usual en las prácticas parlamentarias de todo el mundo.

Hemos propuesto ampliar las facultades de ratificación del Senado de la República de servidores públicos superiores y los organismos reguladores de la competitividad económica, a los que se proveería autonomía.

Habrá, asimismo, una nueva Ley Orgánica del Congreso y reglamentos para cada cámara, que incluyen el acotamiento del fuero al desempeño del cargo, el establecimiento de un régimen de incompatibilidades para los legisladores y la ampliación de la facultad de iniciar leyes a la ciudadanía.

La Ley para la Reforma del Estado demostró que es posible dialogar, asumir posiciones y establecer acuerdos, sin que por ello se lleve al país al borde del precipicio. El recurso a la ley y a las instituciones permite abordar cuestiones complejas como el de la modernización de Petróleos Mexicanos o la inminencia del proceso electoral federal de 2009. Podemos hacer que nuestra democracia trabaje con civilidad, acudiendo al debate, con principios y respeto a quienes piensan diferente, pero sobre todo, con disposición a construir acuerdos en beneficio del país y de la gente. Sólo así habrá de funcionar nuestra democracia.

Coordinador del PRI en la Cámara de Senadores