En el ámbito político, la respuesta a estas interrogantes tienen una connotación mucho más urgente e importante, ya que el no encontrar un acuerdo puede traducirse en más violencia y menos acuerdos, fenómenos que amenazan la paz que se requiere para garantizar el desarrollo de cualquier democracia.

Analicemos entonces la decisión del Frente Amplio Progresista (FAP) de tomar las tribunas de ambas cámaras. ¿Cuál debería ser la estrategia de negociación del gobierno y del resto de los legisladores? En todo manual o taller básico sobre técnicas de negociación siempre se recomienda a todo negociador ponerse en los zapatos (o tacones) de su contraparte y entender sus intereses reales. Entonces hagamos el ejercicio. ¿Cuáles son los intereses reales de Andrés Manuel López Obrador y de su séquito de legisladores y seguidores al tomar las cámaras y detener el trabajo legislativo?

Ellos alegan que esta acción es una forma de asegurar un “real” debate sobre la reforma energética presentada por el gobierno, y así impedir la “privatización” de Pemex. Pero la realidad es otra. Estas acciones sólo se pueden entender en el contexto de los intereses políticos personales de AMLO con miras al 2012. Esta toma no tiene nada que ver con Pemex y todo que ver con asegurar otra candidatura de AMLO a la Presidencia.

Y aunque sí debe debatirse a fondo la propuesta de reforma energética, lo que menos quiere AMLO es eso, un debate. Porque su objetivo real es asegurar que no se apruebe la propuesta del presidente Calderón. Cualquier legislación que se apruebe, por más light que sea, será interpretada como una victoria más para el Presidente, el PAN y para ciertos sectores del PRI, y como una derrota más para AMLO, el FAP y el de por sí desgastado PRD.

Recordemos cuáles fueron los resultados para AMLO y cientos de sus seguidores cuando tomaron la avenida Reforma por dos meses: nada. No sólo no pudo detener a Felipe Calderón en su camino a Los Pinos; además, la decisión de “tomar” una de las avenidas más importantes del país tuvo un efecto contrario, fortaleciendo al nuevo y cuestionado Presidente y debilitando a AMLO como líder de la oposición por su intransigencia y falta de respeto a las instituciones. Ahora Andrés Manuel tiene la urgencia que demostrar que sigue teniendo la capacidad de movilizar a cientos de simpatizantes y que sus acciones, a diferencia de lo que sucedió en 2006, sí tienen consecuencias.

La reacción inicial del gobierno y el resto de los legisladores y partidos ante las amenazas de AMLO y del FAP de mantener tomadas las tribunas y otras acciones de resistencia civil debe ser simple y llanamente de no negociar y no revisar otras opciones. En los cursos de negociación se enseña que cuando la contraparte busca intimidarte, la mejor estrategia es no renunciar a la postura inicial, salvo que haya conseguido algunas concesiones y sobre todo no dejarse coaccionar para llegar a un acuerdo. Cualquier concesión o negociación que se haga ante comportamientos que van en contra de la ley o las instituciones democráticas sería premiar el mal comportamiento. Toda discusión o concesión deberá de hacerse una vez que las tribunas sean liberadas. No antes.

Y aunque la toma de las tribunas ha afectado el trabajo legislativo, el impacto es más show que realidad. La propuesta de reforma se presentó demasiado tarde para ser aprobada en esta Legislatura y los legisladores pueden continuar trabajando en sedes alternas si en verdad lo quisieran. El problema de la toma de tribunas es otra. De fracasar Andrés Manuel en su intento de detener la aprobación de la reforma energética, tendrá más incentivos para recurrir en el futuro a acciones más dramáticas y posiblemente más riesgosas y más violentas.

Mientras más se debilita AMLO y se desvanece la posibilidad de que recupere el poder perdido, más ilógicas y antidemocráticas serán sus acciones, pues sin poder ni credibilidad no tiene nada más que perder (para acceder a mi guía de recomendaciones para enfrentar negociaciones difíciles ir a www.anamariasalazar.com).

salazaropina@aol.com

Analista política