El carácter limitado de la iniciativa ha sido reconocido por el propio Presidente, quien se manifestó parcialmente complacido con la misma. En principio, no se proponen cambios constitucionales, sino sólo modificaciones en las leyes secundarias; no se aceptan contratos de riesgo para explorar yacimientos, y no se avanzó en la renta petrolera. En contrapartida, se faculta a Pemex para contratar obras y servicios con particulares, mediante pagos en efectivo, no en especie. Por otra parte, se le concede mayor autonomía de gestión y control sobre su destino y más flexibilidad para explorar nuevas fronteras productivas, así como un comisario que verifique los informes administrativos y una comisión del petróleo para apoyar la planeación estratégica del sector. También se abre la posibilidad de que particulares construyan y operen sus propios ductos, y la emisión de bonos ciudadanos de 100 pesos, exclusivos para mexicanos, hasta por 25 mil millones de pesos.

Mucho pudo influir para que esta iniciativa quedara tan lejos de sus ambiciones, pero sin duda predominó el cálculo según el cual no existen las condiciones óptimas en términos de equilibrios partidistas en el Congreso y de respaldo social mayoritario como para que sea aprobada sin problemas una reforma energética integral y profunda. Así, el gobierno sacrificó alcance de miras a cambio de cierta dosis de confianza en que la reforma puede prosperar, aun a sabiendas de que constituye sólo un primer paso, necesario pero muy corto. En circunstancias menos polarizadas y enardecidas como las actuales, amén de que el tema energético en sí mismo sigue afectando muchas sensibilidades, quizá la estrategia hubiera sido distinta: presentar una reforma más completa, esperando que en el regateo con los partidos las cosas que no prosperen no rebasen a las que se aprueben.

Lo curioso del asunto es que no existen garantías de que proceder como lo hizo el gobierno sea lo más rentable y eficaz. Se ha hecho tanto ruido sobre el tema que su discusión racional y sensata terminó contaminándose de ideología y golpes de pecho, descalificaciones y clichés que sólo anticipan batallas estériles en el Congreso con resultados muy pobres. En ese sentido, quizá era más aconsejable la ambición que la cautela.

Y ya que hablamos de batallas, resulta ridículo, para decir lo menos, que López Obrador y el FAP convoquen a la sociedad a dar una batalla patriótica y ejemplar para impedir que la iniciativa energética del gobierno espurio sea discutida en el Congreso y se salgan con la suya los vendepatrias traidores, malévolos y burgueses. Es ridículo porque ni el PRD es homogéneo como para seguir a pie juntillas la línea del legítimo (ya que este partido está más golpeado que nunca en su credibilidad y carece de autoridad moral después de sus fraudulentas elecciones internas), y porque hoy la decisión en materia energética recae exclusivamente en el Congreso; es decir, más que de resistencias civiles organizadas por líderes en campaña permanente, su suerte depende de los equilibrios partidistas en el Congreso, que fueron resultado, para bien o para mal, de la propia voluntad de los ciudadanos en las urnas.

Pero así como resulta ingenuo creer en las descalificaciones que López Obrador ha hecho a la ley energética desde un patrioterismo barato, también lo es pensar que lo que mueve a los demás actores es sólo su compromiso con el país y con la grandeza nacional. Tanto el Presidente como el PAN saben que de esta reforma más que de cualquier otra depende la posibilidad de que el blanquiazul siga concitando apoyos en futuras elecciones, dado que no hay mucho de que alardear. El PRI, por su parte, votará la ley según lo que el Presidente y el PAN estén dispuestos a concederle a cambio.

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Director del Centro de Estudios de Política Comparada