Las batallas políticas dentro de un sistema democrático no llevan a generar reformas con puros avances, porque se ponen en juego diversas visiones del problema e intervienen intereses encontrados. Por eso lo que tenemos son reformas de claroscuros. Es el caso de la actual reforma judicial, que puede aprobarse el día de hoy en el Congreso de la Unión.

Las voces sobre la reforma judicial están completamente polarizadas. Sin embargo, los balances en blanco y negro ya resultan poco creíbles, por ello resulta aconsejable recurrir a un ejercicio de pros y contras sobre el nuevo perfil que tendrá el sistema judicial a partir de esta reforma. Al mismo tiempo, hay que ubicar el cambio de reglas y modelos dentro de un contexto no sólo de la dinámica institucional, sino de las prácticas, desempeños y culturas en donde se van a implementar las nuevas reglas. Lo cual nos permitirá entender que una reforma no necesariamente es el factor que determina y mejora la calidad de la impartición de justicia en el país de forma automática, sino que los cambios apuntan hacia procesos más complicados.

El diseño institucional por sí mismo no modifica la práctica de la justicia, pero sin reglas estructuradas de forma adecuada tampoco se puede pensar en un buen desempeño para mejorar de forma urgente la impartición de justicia en México. En suma, el grave deterioro de la justicia en México necesita corregir de forma simultánea reglas y prácticas, leyes y desempeños.

Sergio García Ramírez, un jurista muy reconocido dentro y fuera del país, visualizó a la reforma como “un vaso con agua potable en el que alguien hubiese depositado unas gotas de veneno. México beberá esa mezcla” (EL UNIVERSAL, 22/II/2008). Se trata de una visión en la que no hay que renunciar a los derechos y garantías para avanzar en el combate al crimen organizado. Según el jurista, “la preservación de los derechos humanos es perfectamente compatible con la seguridad pública”.

En esta ruta la Comisión de Derechos Humanos del DF también se pronunció en el mismo sentido: “La reforma al sistema de justicia penal, que se discute en la Cámara de Diputados, viola los derechos humanos, permite la corrupción y genera prácticas que podrían convertirse en obstáculos de acceso a la justicia” (EL UNIVERSAL, 22/II/2008). La Asamblea Legislativa del DF estableció una petición para que los legisladores revisaran algunas de las figuras que han generado la polémica sobre este tema.

Desde hace casi un año, cuando Felipe Calderón presentó su iniciativa de reforma, hubo voces de alerta sobre lo peligroso y regresivo de su propuesta. Según algunos expertos que han participado en el largo proceso de esta reforma, se ha logrado corregir y superar algunos obstáculos; sin embargo, algunos permanecen, como la constitucionalización del arraigo y el establecimiento de un derecho penal especial para los “enemigos”, es decir, para el crimen organizado. Con el agravante, como lo señaló el especialista Miguel Carbonell, de que no se define en la Constitución lo que es la delincuencia organizada ni los delitos que entran en esa esfera (EL UNIVERSAL, 3/V/2007).

Sin duda, las críticas más severas a este proyecto de reforma se pueden anotar en la siguiente lista que hace García Ramírez: la “flexibilización” en el ejercicio de la acción penal, lo cual llevará a que la consignación y libramiento de una orden de aprehensión pierda rigor y garantías.

Otra crítica tiene que ver con la “independencia de la policía” porque la reforma disuelve la jerarquía que existe entre el Ministerio Público y la policía, lo cual puede llevar a un “desbordamiento” de estos cuerpos. No se necesita demasiado para saber que en el actual estado en que se encuentran los cuerpos policiacos es probable que aumenten los abusos que ya se cometen. El punto más polémico es el que crea un sistema paralelo de impartición de justicia, o el llamado “doble sistema penal”, que conducirá a México a una suerte de “guantanamización”.

La otra visión de la reforma consigna que hay avances importantes, y por supuesto justifica las críticas como la constitucionalización del arraigo, la violación del domicilio o allanamiento sin orden judicial; menciona los casos en los que estos procedimientos se pueden implementar: flagrancia o peligro de vida. Otra vez, hay voces críticas que señalan que eso ya sucede de forma cotidiana, pero ahora estas prácticas de abuso de la policía se harán con el amparo de la ley.

De nuevo, los que quieren un proyecto duro, que les dé más armas en contra del crimen organizado, suponen que los cuerpos policiacos están capacitados para actuar bajo el marco de la ley, sin violar derechos, lo cual es falso. En el proyecto de reforma existe una jerarquía en donde los derechos humanos están en segundo término, o desvinculados del objetivo de mejorar la seguridad pública. La reforma hace que estos dos bienes sean incompatibles.

Uno de los avances que tiene la reforma es —en voz del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos— el cambio hacia un sistema acusatorio o garantista, en donde se establece la “oralidad” de los juicios; la “contradicción”, como el mecanismo que asegura que una prueba vale si se presenta en un espacio donde estén presentes la parte acusadora y la defensa; la “concentración y continuidad” como el desahogo de pruebas en una sola audiencia; y la “legalidad de las pruebas” que impide transgredir la ley para su obtención (EL UNIVERSAL, 22/II/2008). Con este modelo, señala el subprocurador, se da el paso de una justicia de gabinete a una que se impartirá de cara a la sociedad. En su opinión, se da también un peso mayor al proceso judicial en manos de los jueces y se le quita peso al Ministerio Público.

Esta reforma constitucional necesita de las dos terceras partes, así que a estas alturas es probable que ya se hayan obtenido los votos necesarios y las coaliciones legislativas para lograr su aprobación. Con avances y retrocesos vemos cómo se construye un país contrahecho, con una reforma que tiene abiertos retrocesos en materia de justicia. La llegada de un sistema acusatorio y los juicios orales, como algo positivo, tendrá un alto precio: el veneno que violenta los derechos humanos y las garantías ciudadanas.

Investigador del CIESAS