Ealy Ortiz manifestó, en síntesis, que tanto el consumo como el comercio de la droga podrían despenalizarse ante la ineficacia y costo inalcanzable en su persecución, así como por la imposibilidad de sancionarlo en la proporción en que se multiplica. Todos los gobiernos comprometidos en esta tarea han fracasado estrepitosamente, produciendo efectos contraproducentes en lo económico, social y en la seguridad pública.

La declaración de quien tiene autoridad por su trayectoria periodística y conocimiento a fondo de la realidad nacional tiene un peso decisivo en estos momentos en que México sufre el amago del crecimiento del tráfico de drogas y del crimen organizado en general, que tienen en jaque al gobierno federal y a muchos locales.

Debe anotarse que la declaración se hace, justamente, en el contexto de una ampliación educativa de su estado natal, por lo que debe entenderse en absoluta coincidencia que el valor humano a preservar en el combate al narcotráfico es la salud física y mental de nuestros niños y adolescentes, que son el objetivo mercantil de quienes lucran criminalmente con la venta de estupefacientes y son precisamente los enemigos más peligrosos de la sociedad porque atentan contra su supervivencia y su futuro.

La posición de quien también ejerce una responsabilidad en la defensa de la libertad de prensa y el respeto al derecho de los informadores en la Sociedad Interamericana de Prensa está sustentada en la experiencia dramática de los últimos tiempos, en los que el reportero y el editor de periódicos, sobre todo a nivel local, están expuestos a desaparecer o a perder la vida cuando en su reportaje implican a los personajes de las mafias y a los políticos coludidos con ellos. El derecho se ve amenazado por estos actos provocando que los periódicos se inhiban para publicar y, mucho más, para denunciar el crimen organizado.

Ello privará a la sociedad del último reducto de defensa frente a la perversidad de quienes se adueñan de territorios completos sin la menor resistencia. Lo mismo un sicario que un policía o militar que lo persigue, puede llegar incluso, como recientemente ocurrió en Michoacán, al hogar de un reportero que cumple heroicamente con su deber.

Frente a ello y a la inminencia de que el gobierno mexicano rebase el desacierto de militarizar la labor policiaca, expidiendo una nueva ley penal que generalice atribuciones arbitrarias a las policías de todo tipo para tratar a cualquier mexicano como delincuente, aun por razón de su convicción o militancia política, es oportuno tomar en serio la invitación del empresario editorial para someter a un amplio debate la búsqueda de alternativas serias de solución al primer problema de nuestros días.

Como lo señaló también el editorial de EL UNIVERSAL un día después, la deliberación sobre este tema debe dejar de ser un tabú para acometer soluciones verdaderas y efectivas. Nosotros agregaríamos que por la dimensión continental y hasta internacionalización de la amenaza, México deberá tomar la iniciativa como en su tiempo la tomó contra las armas atómicas y a favor de los derechos de los pueblos del tercer mundo; ahora debe liderar con nuevas propuestas y enfrentar la falta de iniciativas y la repetición indefinida de yerros, para plantear en el seno de las Naciones Unidas que los mexicanos no nos resignamos al círculo vicioso de los métodos ineficaces para ganar la guerra al narcotráfico.

Creemos que con los recursos públicos dilapidados en una infructuosa persecución al narcotráfico, canalizados a alcanzar objetivos de educación, empleo, esparcimiento sano, desarrollo cultural y la creación de opciones de sociabilidad disuasivas del consumo de drogas para los jóvenes se podrían tener mucho mejores resultados y desaparecer los efectos contraproducentes. La despenalización minará el atractivo del negocio de exorbitantes utilidades, y será en todo caso la responsabilidad personal de adultos y de padres de familia de los menores la que reconduzca una sociedad hacia valores democráticos verdaderos. En contraposición, se podrían castigar hasta con el doble de la penalidad señalada los delitos que se cometan bajo el influjo de una droga de cualquier tipo.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM