Poco a poco se ha ido acumulando la revisión crítica del estado en que se encuentran las instituciones en el país y los resultados son muy preocupantes. El sistema educativo está reprobado, según las evaluaciones internacionales; la seguridad laboral es un desastre, como lo muestra lo que sucedió en la mina Pasta de Conchos y en la plataforma petrolera de la sonda de Campeche. El sistema carcelario está reventado. El deterioro de las instituciones electorales es notable. Ahora tenemos una “evaluación crítica” sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), elaborada por la organización Human Rights Watch (HRW), y sus resultados son terribles.

La situación de los derechos humanos es un indicador muy importante del estado en el que se encuentra una democracia. La defensa de los derechos humanos es un tema sustantivo que se agudiza en estos momentos, cuando el país es azotado por una ola de inseguridad pública y por un deterioro en las condiciones de vida de la ciudadanía. El objetivo central de la CNDH es, según el informe de HRW, “velar por que las instituciones del Estado garanticen un recurso efectivo a las víctimas cuando se cometen abusos y reformen las políticas y prácticas que dan lugar a tales violaciones”. Sin embargo, la evaluación sobre la CNDH muestra un resultado bastante alejado de ese mandato.

Tenemos una CNDH que tiene un presupuesto muy importante: 800 millones de pesos (73 millones de dólares), el mayor de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Esta comisión es un organismo autónomo constitucional, donde trabajan más de mil empleados, personas con una alta capacitación jurídica. Además, tiene instrumentos legales amplios para desempeñar sus funciones. Esta evaluación muestra que el problema no está en los recursos económicos, el personal o su diseño jurídico, sino en su desempeño, en sus prácticas y políticas, en la línea que le imprime su actual presidente, José Luis Soberanes.

En suma, esta importante institución del Estado mexicano, dice HRW, “no impulsa a las instituciones del Estado a reparar los abusos que ha documentado, no promueve las reformas necesarias para prevenir abusos futuros, no se opone a leyes, políticas y prácticas abusivas y contrarias a estándares internacionales de derechos humanos, no entrega ni difunde información que posee sobre casos de derechos humanos”.

En esta evaluación crítica se comprueba que la CNDH muchas veces documenta las violaciones, emite sus resoluciones y recomendaciones y luego se retira, no da seguimiento a los casos, o muchas veces se conforma con el rechazo que reciben sus recomendaciones. Además, argumenta que no tienen instrumentos legales para hacer más de lo que le marcan sus propias reglas. Sin embargo, HRW demuestra que estos argumentos son un pretexto para no tener actitudes más activas y pelear por mejores resultados. Con este informe queda de manifiesto una enorme mediocridad en su desempeño institucional.

Durante muchos años la batalla por una democracia en México giró alrededor de la construcción de reglas del juego que posibilitaran un tránsito pacífico; sin embargo, en muchas áreas de la vida institucional del país el problema principal no radica sólo en las reglas, sino en el desempeño, en las prácticas y en la voluntad que las personas que tienen la responsabilidad institucional hacen o dejan de hacer. Además, se trata de un problema de redes, compromisos y complicidades. Ejemplos como el de la CNDH, que con recursos, personal, estatus de autonomía, tiene resultados mediocres por sus prácticas, son un llamado de atención al sistema político, a la forma en la que se nombró al actual ombudsman, a la captura de intereses que pueda existir sobre la propia comisión.

La CNDH abandona los casos de violación que documenta, no da seguimiento, ni establece monitoreos, y lo más grave es que renuncia a ejercer sus atribuciones básicas, como la promoción de reformas; no ejerce sus recursos morales, dado que la CNDH no puede practicar directamente sanciones; además, no divulga información, opera con discrecionalidad y opacidad; está lejos de ser un organismo transparente que aplique el principio de “máxima divulgación”. Su rendición de cuentas es muy limitada y sus contrapesos, como el Congreso, su consejo consultivo o la Auditoría Superior de la Federación, no “evalúan adecuadamente el desempeño de la CNDH”.

El informe de HRW documenta casos que denomina paradigmáticos, en los que la CNDH abandonó el seguimiento: como la fiscalía especial para delitos de la guerra sucia de los años 70, en el que la comisión permaneció “callada e inactiva” cuando podría haber hecho múltiples acciones desde denuncia, investigación, propuestas, acompañamiento; igual pasó con la represión a los activistas en Guadalajara, la represión en Atenco o el feminicidio de Ciudad Juárez.

La pasividad es una práctica generalizada cuando se rechazan las recomendaciones, ya sea frente a un gobierno estatal, el IMSS, o las Fuerzas Armadas. Incluso cuando se aceptan las recomendaciones, la CNDH está ausente, no monitorea la reparación del daño a las víctimas. Uno de los señalamientos más críticos es el comportamiento frente a las autoridades militares, en el que la CNDH es completamente pasiva, incapaz de cuestionar a la justicia militar. Sin duda, hoy un tema central, porque la creciente actuación de las Fuerzas Armadas ha generado múltiples violaciones de derechos humanos. El informe de HRW documenta múltiples casos de este tipo.

Hay otros expedientes de complicidad de la Comisión como en la discriminación de los militares con VIH/sida; o con la aprobación de la ley Televisa, en los que no hubo objeciones. En cambio, sí fue muy activa frente a la despenalización del aborto, en contra de todos los estándares internacionales.

Esta visión crítica sobre la CNDH es un indicador de cómo se ha deteriorado el funcionamiento institucional, y peor aún, de cómo con todos los recursos a la mano la mediocridad ha inundado su desempeño y ha habido enormes costos para la vida democrática del país. En países más desarrollados una evaluación de este tipo llevaría a renuncias y a serios cuestionamientos en la clase política, pero aquí parece que sólo será nota de un día en la prensa, sin mayores consecuencias. Qué pena…

Investigador del CIESAS