Son casi diarias las noticias que involucran a un microbús en un accidente vial. Cientos de heridos y muertos resultan de los percances cada año. Debería ser entonces prioridad del gobierno capitalino evitarlos por medio de la decidida aplicación del actual reglamento de tránsito antes que confiar en compromisos de incierto cumplimiento por parte de los líderes transportistas.

¿Por qué los microbuseros e incluso los choferes de camiones de carga utilizan todos los días las vías rápidas de la capital del país? ¿Por qué modifican la estructura de sus unidades a costa de la seguridad de los usuarios? ¿Por qué permiten paraderos en zonas donde la circulación es densa? Porque la autoridad se los permite; no es un problema de acuerdos, sino de falta de aplicación de las normas ya existentes.

Las reglas son laxas para los vehículos del transporte público mientras la penalización se aplica con rigor sobre los automovilistas, algunas veces con razón, otras sin ella. Alcoholímetro, radar de velocidad, “arañas” y ahora incluso la obligatoriedad de añadir a los autos de uso privado, de modelo más reciente, un posicionador global —claro, con cargo al bolsillo del ciudadano— para compensar la incompetencia de las autoridades contra el robo.

La renovación de los vehículos y la capacitación a los conductores son medidas que en poco o nada contribuirán al mejoramiento del servicio si continúa la impunidad una vez convenidas las reglas del juego. Además, el cumplimiento de las normas es apenas el primer paso para poner en orden al caótico sistema de transporte local.

Lo que el gobierno del Distrito Federal llama “Programa Integral de Mejoramiento y Transformación del Transporte Público de Pasajeros” tiene que ir mucho más allá de los “compromisos” y de los “programas” de capacitación.

Una reestructuración profunda en la movilidad de los capitalinos pasa necesariamente por una planeación urbana inexistente a juzgar por las obras viales, de transporte y de concentración demográfica realizadas por los gobiernos capitalinos desde las regencias priístas hasta las recientes administraciones perredistas.

Saturar con nuevas viviendas zonas de la ciudad ya densamente pobladas, construir monumentales vías de circulación que fomentan el uso del automóvil y modificar el entorno —por ejemplo con mercados ambulantes— en perjuicio del peatón son errores paralelos al transporte público que impiden una verdadera “transformación” del mismo.

Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Es tiempo de que el gobierno del Distrito Federal aproveche esta coyuntura para planear con visión de largo plazo.