Ya sea por la presencia de narcotraficantes y sicarios, por los enfrentamientos entre éstos y las Fuerzas Armadas, por el choque entre policías y mineros en Cananea, o por asuntos tal vez menos espectaculares pero igualmente sensibles como las protestas sociales en Chihuahua contra el TLCAN, la situación en la frontera norte del país despierta inquietud.

Ayer, en Sonora, luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarara inexistente la huelga de los trabajadores de Minera de Cananea iniciada hace cinco meses, y de que la empresa ordenara a casi mil 300 empleados regresar a laborar, se presentaron hostilidades entre los mineros y los elementos de la policía que retomaron las instalaciones.

Es inevitable recordar los sucesos de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, en junio de 2006, así como es inevitable esperar un mucho mejor manejo por parte del gobierno federal para solucionar este conflicto laboral por vías pacíficas y con saldo blanco.

Durante esta semana, por otra parte, fuimos testigos tanto de la resistencia al capítulo agropecuario del TLC como de enfrentamientos entre el crimen organizado y el Ejército.

Mientras en el primer caso el diálogo deberá ser la constante para impedir un estallido social motivado por preocupaciones genuinas pero también por afanes políticos, en el segundo deberán hacerlo la inteligencia, la cooperación bilateral con Estados Unidos y la acción eficaz. Si se quiere contener a Los Zetas —cuya fuerza ha quedado demostrada— y al narcotráfico en general —convertido en poder fáctico—, el cerco que se les ha tendido debe fortalecerse.

En síntesis, a la luz de todos estos casos, con la finalidad de evitar que la inestabilidad y la violencia aumenten en esa amplia franja de la República, las autoridades federales y estatales deberán actuar con cautela y seriedad.