Como herencia de un conflicto que era necesario liquidar y dentro de una nueva correlación de fuerzas, el Senado aprobó, con el voto en contra de los partidos chicos, la ley secundaria de la reforma electoral, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En estos días la Cámara de Diputados discutirá el código y terminará la selección de los nuevos tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

Conflictos y reformas electorales cumplen en México tres décadas, en las que el país ha cambiado de forma importante no sólo por las reglas, sino por los bienes públicos que se han construido para tener una democracia electoral. La dinámica entre conflicto y reforma ha tenido tres grandes ciclos de reformas: inclusión, legitimidad y calidad.

El primer ciclo fue para empezar a abrir un sistema político completamente anquilosado y excluyente; se trató de las reformas de 1977, con las cuales se navegó una década hasta que estalló el conflicto del fraude electoral de 1988. La inclusión de un sistema de partido de Estado no propiciaba la pluralidad real y, sobre todo, mantenía bajo un candado la posibilidad real de la alternancia. El sistema no estaba diseñado para que la oposición pudiera llegar al poder por la vía del voto.

El conflicto de 1988 abrió un nuevo ciclo que tuvo de cuatro reformas (1989-1990, cuando surge el IFE, 1993-1994 y 1996, la que se presentó como la “definitiva”). Fue en 1996 cuado se logró el objetivo de construir las reglas para construir un sistema electoral confiable, equitativo y con legitimidad democrática. Para ello se le dio autonomía al órgano electoral, se diseñó un contrapeso en la figura de un Tribunal Electoral de pleno derecho. Otra parte de esta reforma fueron las condiciones de la competencia: para lograr equidad se estableció como predominante el financiamiento público y se reglamentó el acceso de los partidos a los medios masivos. Los resultados positivos de esta reforma fueron elecciones legítimas y sin conflicto en 1997, 2000 y 2003. Sin embargo, los focos rojos del modelo empezaron a aparecer desde el año 2000, pero los partidos y la clase política no se atrevieron a modificar las normas antes de la sucesión presidencial de 2006.

Las claves más importantes de la reforma de 2007 —que abre un nuevo ciclo en la búsqueda de nuevas condiciones de competencia— se tienen que buscar en el último conflicto político de 2006 y en los focos rojos que ya se habían encendido en el año 2000. Los incentivos positivos de 1996 se transformaron en un círculo vicioso entre dinero, campañas y medios de comunicación. Una parte muy importante de la agenda del PRD se ganó con esta reforma, por ello no se entiende la descalificación que hace López Obrador a la reforma. La razón parece ser la amenaza que representan las nuevas reglas en materia de coaliciones para los partidos chicos.

Al mismo tiempo, llama la atención la forma en la que los empresarios —agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial— han interpuesto un juicio de amparo en contra de la reforma. Por supuesto, el primer juez que examinó la demanda empresarial la desechó por ser notoriamente improcedente. Los empresarios deberían moderar su molestia y pedir disculpas por la violación a la legalidad que hicieron durante la fase final de la campaña de 2006, en la que compraron tiempo en radio y televisión para la emisión de spots a los que no tenían derecho. Pero eso sería como pedir peras al olmo.

Esta última reforma electoral tuvo dos grandes momentos de confrontación. El primero fue con los concesionarios de radio y televisión, que vieron una amenaza en el cambio de modelo de comunicación política para las campañas electorales. El segundo fue entre los tres grandes partidos y los partidos chicos por el tema de las coaliciones. Los pequeños partidos calculan que las nuevas reglas les van a quitar una parte del negocio, porque va a cambiar el paraguas de las coaliciones que los mantenían protegidos y les daban vida artificial.

A pesar de ello la reforma les otorga la llamada cláusula de la “vida eterna”, con lo que podrán seguir dentro del juego si logran 1% de los votos, ya que sus socios mayores les completarán el resto para tener el 2% necesario, y así poder seguir en el negocio de la política.

El otro proceso que se ha empalmado es el de la selección de los consejeros electorales del IFE. A pesar de las limitaciones que impone una absurda renovación escalonada, el actual procedimiento es inversamente proporcional a lo que se hizo en 2003. El secretismo versus una convocatoria pública; cuotas de dos partidos versus la búsqueda de un consenso amplio; perfiles desconocidos versus perfiles públicos. A pesar del secretismo que hubo en algunas de las fases del proceso, se trata de un mecanismo público mucho más digno que la barbaridad que se hizo hace cuatro años.

La novedad del proceso y el reto de aterrizar una nueva reforma llevaron a la inscripción de 491 personas, de las cuales, sin saber por qué en muchos casos, se redujo a una lista de 106 candidatos que pasaron el filtro para llegar a las entrevistas.

La selección de consejeros ya ha tenido varios descalabros y vetos. Con todos los inconvenientes se puede señalar que el procedimiento ha convocado a personas que tienen la calidad, el conocimiento y la voluntad para ocupar esos tres asientos en el Consejo General del IFE: por ejemplo, Alfredo Figueroa, Mauricio Merino, Irma Sandoval, Ricardo Valero, Genaro Góngora, Lorenzo Córdova, Jaime Cárdenas. Con todo este proceso los partidos saben que lo más importante es llegar a un acuerdo de consenso amplio. Mañana, como dice la convocatoria, si no sucede algo extraordinario, serán electos los nuevos tres consejeros electorales del IFE.

Esta reforma de claroscuros expresa las posibilidades y limitaciones de una clase política que está interesada en superar el conflicto de la pasada sucesión presidencial. Sin las expectativas de 1996, que apuntaban hacia una transición democrática, ahora en 2007 habrá que observar si las nuevas reglas y la renovación del IFE permiten empezar a generar un nuevo clima político menos polarizado para la siguiente cita electoral. Ya veremos…

Investigador del CIESAS