Todos los caminos conducen a la fuente del empleo y de las oportunidades, aunque la línea de 3 mil kilómetros que une a Tijuana con Matamoros sea cada vez más difícil de cruzar. Y aun así 90% de las dificultades del trayecto está en México, en otro tiempo refugio de perseguidos.

Aquí, los infortunados desempleados del istmo centroamericano son confinados en estaciones como la de Iztapalapa, en el Distrito Federal, sometidos a dietas de mala calidad alimenticia, sin condiciones para la higiene personal, con restricciones de tiempo y eficiencia para las comunicaciones con sus países, sometidos a violencia sicológica, verbal y sexual, extorsiones de funcionarios y policías, y con irregularidades en los trámites oficiales. En Chiapas los excesos llegan a la explotación laboral y sexual.

Seguramente las cosas pueden estar peor, pues a la organización civil Sin Fronteras, dedicada a la atención de problemas migratorios de Panamá a Estados Unidos, el Instituto Federal de Acceso a la Información le ha negado los datos solicitados, tan elementales como el ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional de Migración.

La situación es tan grave que países vecinos —Guatemala, Honduras y Nicaragua— han expresado su preocupación a México. Sin duda, la falta de solución tendrá repercusiones negativas en los esfuerzos diplomáticos para restaurar nuestras relaciones con América Latina, tan maltrechas el sexenio pasado.

Colateralmente, una centena de cubanos es traficada cada semana en una operación que permite ingresos sucios por más de un millón de dólares al mes, unos 11 millones de pesos. Trece cubanos se declararon en huelga de hambre en Chetumal, para reclamar su paso hacia el norte.

En el mismo sentido, el viaje del presidente Felipe Calderón Hinojosa a Estados Unidos, para visitar en febrero Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones de mexicanos, puede colocarlo en la incómoda posición de reclamar lo que aquí no se hace en el trato a los indocumentados que llegan del sur.

Además, la gira está planeada para efectuarse en medio de la campaña electoral por la Presidencia de Estados Unidos, que se desarrolla con marcado sello de resistencia y aun rechazo a la inmigración.

Este sería el momento de que el gobierno mexicano pusiera el ejemplo y muestre al mundo que practica lo que demanda en una de las partes más difíciles del problema migratorio: que asegura y brinda trato humano a los indocumentados en centros de arresto transparentes y abiertos a la inspección ciudadana nacional e internacional.