De hecho, esta realidad ha sido reconocida en un documento excepcional en su género. Al explicar el modus operandi de su política monetaria, en su Informe sobre la Inflación abril-junio 2000, el Banco de México señaló: “Al imponer un ‘corto’ monetario, el Banco de México presiona al alza las tasas de interés”.

“En un contexto de libre movilidad de capitales, las variaciones de la tasa de interés influyen también sobre el comportamiento del tipo de cambio. Dado el nivel de la tasa de interés externa y la percepción del riesgo-país, un aumento de la tasa de interés nacional induce una apreciación del tipo de cambio, lo que disminuye el precio de los bienes comerciables. Por otro lado, una apreciación del tipo de cambio lleva a una reducción de la demanda por exportaciones y a un aumento de las importaciones, mitigándose las presiones de la demanda agregada sobre los precios internos”. De esta manera, además de aflorar la mano negra del Banco de México, se exhibe la utilización deliberada del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria.

El problema consiste en que la apreciación real del tipo de cambio incide negativamente sobre la competitividad-precio de los productos mexicanos, con el consiguiente efecto negativo sobre el crecimiento económico.

Además, el Banco de México realiza intervenciones directas en el mercado cambiario no solamente adquiriendo divisas, sino también mediante subastas diarias de dólares, además de ventas extraordinarias en situaciones de turbulencia para evitar la brusca depreciación del peso.

Desde luego, el problema no consiste en que tengamos un régimen de flotación administrada, sino en su utilización unilateral como instrumento antiinflacionario.

Así, la tecnocracia mexicana ha resultado ser “más papista que el Papa”. El propio autor de la síntesis del Consenso de Washington, John Williamson, recuerda que en el cónclave de “expertos” que perfilaron ese consenso, la visión según la cual “el tipo de cambio tiene que suministrar un anclaje nominal a la inflación, en tanto que debe dejarse que la competitividad se cuide sola”, constituyó apenas una de las posturas: de hecho, el propio Williamson defendió la visión opuesta (J.W., The progress of policy reform in Latin America, IIE, Washington, 1990). Ergo, nuestra tecnocracia ha optado por una indebida ortodoxia antiinflacionaria.

No hay duda: para superar la enfermedad holandesa que padece la economía mexicana (véase EL UNIVERSAL 28/XI/07) es necesario poner punto final a esta ortodoxia.

Por eso, desde nuestra primera entrega en este espacio editorial (véase EL UNIVERSAL 8/V/95) hemos recomendado una política de flotación administrada con piso cambiario. Definiendo como tipo de cambio de equilibrio la paridad peso/dólar estadounidense que se observa cuando la balanza comercial sin maquiladoras y sin ingresos petroleros extraordinarios se encuentra en equilibrio —situación que se observó en 1988 y nuevamente en el primer semestre de 1996—, dicho tipo de cambio de equilibrio debe ser adoptado como piso cambiario.

Manteniendo el régimen de flotación hacía arriba, el Banco de México debe evitar —simplemente comprando dólares y fortaleciendo de paso su reserva de divisas (que puede ser parcialmente utilizada, como hizo Chile, para realizar compras de deuda externa con descuento en los mercados secundarios)— que el precio del dólar baje del piso de equilibrio, ajustando este piso periódicamente conforme a la diferencia entre las tasas de inflación mexicana y estadounidense.

De esta manera, dispondremos de una política cambiaria cuyo objetivo prioritario será contribuir a la permanente competitividad agregada de la planta productiva mexicana y, por tanto, al crecimiento acelerado y sostenido del producto nacional y del empleo.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM