Conjuntamente se procedió con el de “la pirinola”, en el cual, como recordaremos, al girarla se marcaba el destino de nuestras pequeñas e incipientes finanzas, ya que el azar nos podía llevar al resultado de “pon 1”, “pon 2” o al pavoroso “todos ponen”, por lo que de manera irresponsable y cínica, nuestros legisladores la jugaron, obteniendo que el Estado “toma todo” y los contribuyentes “todos ponen”.

Después de esta sarcástica pero ejemplificativa introducción, no quisiera parecer alguien frívolo que desconoce que el país sufre carencias y requiere de recursos para atenderlas, sino un ciudadano preocupado que se cuestiona si la solución es tan simple como aumentar los impuestos a los contribuyentes cautivos para resolver los males que aquejan al país.

Generar una mayor carga tributaria a la población, sin escuchar las implicaciones negativas que la misma trae a la economía, produce una gran molestia y clara invitación a la polarización de las clases empresariales y trabajadoras, en contra de las decisiones absolutistas del Estado.

Para muestra basta un botón: no obstante que se les advirtió a los funcionarios públicos que los efectos de los nuevos impuestos (incluidos el de la gasolina y el IETU) serían inflacionarios, procedieron de manera sorda a la implementación de los mismos con la consecuente escalada de precios que actualmente estamos viviendo.

Se puede afirmar que el incremento de precios y la inflación que se está presentado son ajenos a la reforma fiscal, y justificarla con base en el incremento de insumos internacionales y otros factores externos, en virtud de que aún no entra en vigor la misma; sin embargo, no se puede ser tan ciego e ingenuo como para no percibir que los empresarios y comerciantes, ante la arbitrariedad impositiva, electoral y los reclamos presidenciales que se les formularon, procedieron desde este momento, aprovechando la coyuntura que se presenta, a transferir a los consumidores los efectos tributarios que se generarán en el próximo año.

Cabe advertir, que aún falta lo más difícil por encarar y que será para los trabajadores y asalariados, ya que seguramente en enero del próximo año sufrirán una reducción a sus percepciones, ya que gracias a la reforma fiscal, se tendrán que suprimir “el fondo de ahorro”, “los vales de despensa”, “los seguros de gastos médicos mayores y de vida”, y toda aquella ayuda que las empresas otorgaban como previsión social, o bien, se procederá a gravarlas como parte del sueldo, con la consecuente disminución del poder adquisitivo de éstos.

Nuevamente serán los asalariados, como contribuyentes cautivos, quienes sufran en carne viva los impactos tributarios y la inflación que directa e indirectamente se está generando, lo cual nos llevará tardíamente al cuestionamiento de lo asertivo que fueron las decisiones tomadas por los servidores públicos y legisladores, al justificar la necesidad de obtener mayores recursos a costa del patrimonio de las clases trabajadoras de este país.

Abogado fiscalista