En una situación así, esperar claridad sería demasiado. Sólo podemos relatar la confusión misma, su origen y evolución en maraña, esperando que el hilo nos reintegre a la trama. Un relato verosímil no buscaría culpables; buscaría retomar la trama para recordar de qué estamos hablando y decidir si los temas ahora confusos son dignos de elucidación pública.

El embrollo empezó con el desconocimiento de la elección presidencial de 2006 por un candidato. Pese a no probar cargos, su reclamo fue recogido como carta de negociación en el Congreso. Priístas ávidos de sumar fuerzas hacia la elección de 2009 y la presidencial de 2012, panistas ávidos de obtener un dudoso triunfo fiscal y perredistas convulsos en sus propias piruetas confluyeron en los acuerdos ya conocidos a partir de la situación creada por el desconocimiento de la elección.

Medios de comunicación, empresarios, comunicadores y ciudadanos reaccionaron contra el paquete, defendiendo el estatus ciudadano del IFE y que cualquier modificación sea sometida a referendo. Los políticos, en vez de abrir audiencias para los inconformes, respondieron con una nueva ley, ésta para “reacomodar” la relación de los partidos con los medios, arrojando de paso una mordaza contra la libertad de expresión.

Está claro que los acuerdos provocaron daños colaterales a la autonomía del IFE y la participación ciudadana en campañas electorales vía medios electrónicos. La confusión empieza al discutir el alcance de ambas reformas, al empalmarlas o al juzgarlas como producto normal de negociaciones sistémicas. Quienes restan gravedad al asunto del IFE omiten que los votos de 2006 fueron contados por ciudadanos, última instancia democrática. Hay un agravio a la ciudadanía imposible de presentar como avance democrático.

La prohibición a ciudadanos de hacer propaganda electoral en medios electrónicos también es parte de la negociación basada en el desconocimiento de la elección, pues el impugnador atribuye su caída a spots empresariales en su contra. No obstante, permanece un hecho: prohibir a ciudadanos la libertad de expresar que un candidato les parece “un peligro para México” es anticonstitucional.

La confusión más perniciosa es la que juzga la negociación como producto normal del sistema, pues no podemos “normalizar” acuerdos contra la libertad y la democracia, y ostentarnos como liberales y democráticos al mismo tiempo. Más aún, el acuerdo recientemente asestado cuestiona severamente el mantra de la negociación como regla de oro. En determinadas condiciones, la negociación a toda costa puede engendrar deformidades.

Tales condiciones se reúnen en la demasia-da igualdad entre las fuerzas, igualdad resultante de 12 años de disminución del poder presiden-cial. Sin un poder común que los gobierne, los “demasiado iguales” tienden a crear un “estado de guerra” (no una guerra real) que durará mientras alguna de las partes no decline su beligerancia y un poder común no emerja (Thomas Hobbes). Un síntoma de esta situación es la facultad que los demasiado iguales se arrogan para prohibir ser atacados.

Otro síntoma es que las diferencias entre las partes son nimias e intercambiables (reforma política a cambio de reforma fiscal). En un ambiente así de estrecho, negociaciones de suma cero o negativas pueden ser tomadas como evidencia de “equilibrio de poder”, cuando sólo prolongan el “estado de guerra”, el cual tiende a desbordar hacia la ciudadanía cuando los políticos empiezan a percibirla como demasiado igual a ellos.

Lejos de evidenciar “equilibrio de poder”, la negociación resultó un toma y daca tan siniestro que muchos congresistas lamentan las leyes que aprobaron. Se perfila en los hechos un parlamentarismo que sólo alcanza acuerdos por inercia del estado de guerra instaurado.

blascota@prodigy.net.mx

Analista político