El hecho, a decir verdad, no nos agarra desprevenidos: la corrupción de la familia Fox era un secreto a voces en los corrillos políticos y periodísticos. Los grandes negocios realizados a la sombra del poder fueron en aumento conforme la entonces vocera del Ejecutivo se convirtió en la consorte del hombre de las botas. Hay evidencias de que los hijos de Marta se sirvieron con la cuchara grande: entre las instituciones públicas en las que metieron las manos está Pemex; de allí obtuvieron beneficios ilícitos al menos por un monto de 6 mil millones de dólares.

La indignación es mayor frente a estos acontecimientos en la medida en que se pensó que la alternancia iba a traer consigo el abandono de una de las lacras que azotaron al país a lo largo de su historia; es decir, el uso privado de los recursos públicos. Ahora sabemos, dolorosamente, que no fue así.

Ciertamente en los últimos años hemos avanzado en muchos aspectos: ahora ya nadie se acuerda, por ejemplo, de dos figuras propias de la picaresca autoritaria, el “tapado” y el “dedazo”. De igual manera, la pluralidad es el signo dominante de nuestra vida pública; contamos con un sistema de partidos que desplazó a la vieja hegemonía del partido oficial; tenemos un Congreso y una Corte que gozan de independencia frente al Ejecutivo. Sin embargo, aún no hemos podido solucionar un problema mayor: someter a los funcionarios a contrapesos efectivos que eviten el abuso.

La impunidad sigue apoltronada en las instancias gubernamentales a despecho de los avances democráticos que hemos logrado. Esto trae consigo una paradoja: no podremos afirmar que la democracia mexicana se haya consolidado mientras que la corrupción siga en pie ante los ojos de todos. Continúa vigente la regla no escrita de acuerdo con la cual el presidente, sus familiares y sus amigos están por encima de la ley.

Algo falló en el diseño de nuestras instituciones que, bajo la inspiración del constitucionalismo, en realidad dieron paso a un presidencialismo omnímodo sin equilibrios capaces de frenar la arbitra-riedad. Los estudiosos de este fenómeno lo llaman “patrimonialismo” en razón de que sin algún freno los gobernantes asumen al poder del Estado como un bien personal; como un patrimonio que les pertenece por designios ancestrales. Vivimos una especie de “democracia patrimonialista” aunque ésta sea una contradicción en los términos, un oxímoro, así como entreverada es nuestra manera de proceder en términos políticos y jurídicos.

Debemos corregir esa distorsión estructural que hemos venido arrastrando, sin exagerar, desde la época colonial para que el poder sea sometido realmente y sin cortapisas a la ley. De otra manera, fenómenos como el que ahora nos irrita se seguirán repitiendo indefinidamente.

jfsantillan@itesm.mx

Académico del ITESM-CCM