A todos, bueno, casi a todos nos gustaría tener una República bien ordenada y funcionando. Una en que las diferencias no condujeran a la imposibilidad de acuerdos entre distintas fuerzas políticas; en que los acuerdos fundamentales, constitucionales, del Estado fuesen acuerdos de todos y para todos, y en que las diferencias fueran diferencias sobre el fondo de una identidad, como dijera un antiguo maestro.

Pero el problema del Presidente de la República y de todos es que las diferencias son diferencias de Estado, no simples disyuntivas de política. Al menos en la representación teatral de ese “mega atletismo” que llamamos política, las diferencias son de fondo. Es como si cada fuerza se viera como una totalidad a partir y sólo a partir de la cual pudiera organizarse el Estado, lo que lleva al resultado ineludible de que todo diálogo, todo contacto, cada negociación son estratégicos. Es decir, se hacen en función de dilatar los tiempos políticos bajo la expectativa de que luego podrá darse un mejor posicionamiento para cada jugador, de modo que pueda imprimir su indeleble, única y excluyente huella digital en la orientación del país.

Recientemente, algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que esto no es así, que se ha rebasado la etapa en que los desacuerdos en lo fundamental impedían el avance en temas trascendentales para el país, como por ejemplo la recaudación fiscal necesaria para sacar al Estado de la pobreza en que se halla respecto de las necesidades de inversión en bienes públicos.

No es convincente esta opinión. Creo que, aunque hay algunos signos menores de disposición para avanzar, hay fallas de fondo en el régimen y en los propósitos de los actores que impiden el desarrollo del Estado.

La larga duración de las costumbres autoritarias de México no permite hacer comparaciones con nuestro propio pasado. Es difícil diferenciar periodos de convergencia y divergencia entre el constitucionalismo, la democracia y el orden republicano.

Se puede identificar la conflictiva relación entre liberalismo y constitucionalismo hacia fines del siglo XIX y principios del XX, o la de constitucionalismo y dictadura, y constitucionalismo y autoritarismo en la primera y las seis siguientes décadas de los novecientos, respectivamente. También la coincidencia parcial entre Constitución y sufragio efectivo en los últimos 10 años. Pero la relación entre la trilogía democracia, República y Constitución apenas ha dado comienzo.

Es muy pronto para saber si su interacción será virtuosa en los próximos años. Es decir, ha pasado muy poco tiempo para saber si la democracia electoral conducirá al estado de derecho y si éste podrá unificar a la República en consensos de fondo.

Las constituciones tratan de grandes consensos. En México se han ido diluyendo muchos de los que la Constitución contiene. Algunos ejemplos: la propiedad estatal, “sin adjetivos” de los bienes nacionales: tierra y subsuelo. Cuando los campesinos se han ido y el petróleo se acaba, ¿cómo se puede sostener ese consenso de la “revolución” mexicana, esa revolución que John Womack, en su gran libro sobre Zapata, describió como una guerra hecha por los campesinos para que nada cambiara?

Hay muy pocas señales en el horizonte que avisen de consensos amplios (si no se les quiere llamar “grandes”). Hasta hoy, los “consensos” son pocos y poco convincentes. Veamos: una reforma político electoral en 1996 que ha llegado a su límite. Por cierto, debido a los candados impuestos entonces por sus autores. Nadie los puede culpar por ver a sólo 10 años de distancia. Sus miras tampoco iban mucho más allá. No trataban, salvo alguno, de rehacer una República, de darle viabilidad. Quizá creyeron, casi todos con la mirada hacia el pasado, que lo que tenían eran pendientes con lo que no fue. Como los cardenistas, por un lado, buscando la restauración de un súper Estado imaginario y algunos panistas ulteriores, por otro, creyendo que provenían de la Revolución Mexicana.

Otros miniconsensos: la ley de transparencia, la reforma al Poder Judicial para justiciar entre los poderosos (no entre los débiles). De las grandes reformas, las económicas quedan fuera de los consensos amplios. Al menos un tercio de la nación ha rechazado a posteriori con sus votos y sus botas las reformas económicas del periodo De la Madrid-Salinas-Zedillo. No digo que estas reformas no tengan sentido, mi parecer es indiferente. Lo significativo es que se llevaron a cabo cuando la gran mayoría del pueblo no tenía en sus manos el poder de votar para afirmarlas o rechazarlas, y cuando los presidentes sí tenían el poder completo sobre un Congreso dócil y obsecuente hasta 1997 cuando, precisamente, se rompió el consenso.

Entre las reformas sin consenso y el consenso sin reformas se nos va la vida. La economía de América Latina ha crecido a un ritmo más alto que el de México. Los problemas que nuestro país enfrenta en su entorno geoeconómico y político son inabordables con los axiomas vigentes en la Constitución escrita, por la sencilla razón de que no cuentan con la aquiescencia necesaria para sustentarse.

Así que la eterna transición tiene para rato. Ya no para contar los votos, sino para que éstos alleguen a los ciudadanos a la orientación del Estado que quieren. Y para poder hacerlo lo tendrán que cambiar. Mientras tanto, como diría Freud, los síntomas seguirán revelando las neurosis. ¿O ya es psicosis?

ugalde@servidor.unam.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM