Aunque estoy de acuerdo con la frase acuñada por Jesús Reyes Heroles según la cual, en política, la forma es fondo, hay que reconocer que con frecuencia nos topamos con situaciones en las que solamente hay formas: rituales que han perdido su sentido y su propósito y que se repiten por rutina, sin ningún provecho para nadie. Este es el caso del informe presidencial del 1 de septiembre, cuya obstinada vigencia en nuestro texto constitucional ya no ha servido sino como un buen pretexto para tratar de inaugurar formas diferentes, cuyos fondos son mucho más interesantes.

Lo que importa para el próximo sábado ya no será el informe de Felipe Calderón (aunque se gasten fortunas en divulgar las frases célebres, los compromisos y los datos que el Presidente decida registrar en esas páginas), sino la forma en que se resuelva la ceremonia de presentación.

Incluso ante la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo lograra leer un texto largo ante la tribuna del Congreso, lo relevante del discurso ya no será el recuento de las tareas emprendidas ni los resultados obtenidos en nueve meses de gobierno, sino la forma en que se comunique con el Poder Legislativo. Y desde luego, será interesante observar también cómo reacciona la principal oposición ante los dichos de un interlocutor que simplemente no reconoce como tal, dentro o fuera del recinto.

El año pasado, cuando el entonces presidente Fox no pudo llegar a la tribuna y se vio obligado a entregar el texto del informe en el lobby de San Lázaro, algunos creímos (y celebramos) que ese ritual absurdo había llegado a su fin. Había algo estético (y no sólo lógico) en el hecho de que la lectura del informe ante la asamblea parlamentaria se terminara al mismo tiempo que el sexenio: parecía una buena señal que Vicente Fox fuera el último presidente mexicano que utilizara la tribuna del Congreso para decir absolutamente nada. Y parecía sensato, también, que a partir de ese momento se fundara otra forma de comunicación entre poderes. Pero nos equivocamos.

A pesar de todo (y dado que las normas jurídicas que lo exigen siguen en vigor), el próximo sábado habrá un informe, cuyo contenido no despertará el más mínimo interés. En cambio, veremos nuevamente la lucha entre los partidos enfrentados para evitar que el Presidente hable en la tribuna disputada, o para que éste haga un discurso a la nación, aun a sabiendas de que tampoco en este segundo territorio hay contenido alguno. Si el Presidente logra hablar ante el Congreso, diga lo que diga, el sector más radical del PRD seguirá sin escucharlo, pues es imposible hablar con quien, para ellos, está usurpando el lugar de López Obrador.

Y cualquier intento de comunicación con el espurio equivaldría, en esa lógica, al reconocimiento y la legitimación política. Y si no consigue hacerlo, tampoco habría cambiado nada sustantivo, pues los canales de comunicación abiertos entre el Ejecutivo y el Legislativo no dependen del informe, en absoluto. De modo que pase lo que pase, seguiremos estancados en las mismas aguas.

Tampoco tendría mucho sentido cambiar formatos de último minuto (aunque admito que se agradecería), pues el fondo de la cuestión sigue sin tener respuesta: ¿cómo fijar relaciones productivas entre los poderes, a partir de la nueva realidad política de México? Entiendo que uno de los propósitos de la llamada reforma del Estado consiste, precisamente, en encontrar respuestas viables a esa pregunta básica.

Pero mientras no las haya, y nuestras instituciones políticas sigan atoradas en el pasado inútil, discutir el protocolo del informe como cosa sustantiva es una pérdida de tiempo. Ni siquiera alcanza la estatura de los juegos de estrategia entre fuerzas encontradas, porque la legitimidad política depende de muchos otros hilos.

Lo que resultará inevitable, porque así lo ordena la Constitución, es que el presidente Calderón asista al recinto donde se abrirán los trabajos del Legislativo y entregue el informe escrito. En estricto rigor jurídico (y hasta de sentido común), no tendría que suceder nada más que eso: el cumplimiento exacto de lo que dice la letra constitucional.

Si el Presidente, además, quiere contarnos lo que su gobierno ha hecho e intentado durante nueve meses, dispone de todos los medios necesarios para hacerlo, y no necesita repartir codazos para llegar a fuerza a la tribuna del Congreso. Es cierto que tampoco el PRD tendría que desgastarse más bloqueando todos los accesos, en prueba de su convicción política. Bastaría con que abandonaran el recinto tan pronto como se inauguren los trabajos, para dejar claro que no reconocen la legitimidad del Presidente (aunque lo sea). Pero si eso no resulta suficiente, tendrán que optar por los codazos que, a despecho de su falta de valor estético, al menos es una forma que expresa mucho mejor el fondo del problema.

Como sea, espero no equivocarme nuevamente al apostar porque este, ahora sí, será el último de los informes presidenciales que veremos (aunque el discurso habitual se pronuncie desde algún otro lugar).

Pero espero, sobre todo, que los despropósitos que hemos visto en torno de este tema no reflejen una vuelta hacia el pasado en el que (como escribió Emilio Rabasa en La Constitución y la dictadura, en 1912) lo importante no era cómo llegaban los presidentes al poder, sino cómo deponerlos cuando lo tenían. Que los ceremoniales que sirvieron para otros momentos políticos de México hayan caído en la caricatura no es una noticia mala, siempre que ésta no revele la simple ausencia de todo contenido sustantivo.

Y en este sentido, confío en que más allá de las gesticulaciones, los líderes de las fracciones parlamentarias del país y el jefe del Ejecutivo sepan actuar con alguna dignidad y nos ahorren la repetición de un espectáculo caduco. Y no me refiero solamente a la imagen del señor-presidente-diciendo-el-futuro-de-la-patria-desde-la-más-alta-tribuna-del-país, sino también a la de los legisladores disputando el sitio sagradísimo entre empujones. De lejos, hay cosas mucho más importantes que esperan solución.

Profesor investigador del CIDE