Como antes de la transición, hoy operan los equilibrios necesarios que impiden fracturas mayores ante las inercias asociadas a la corrupción. El acceso a recursos y posiciones públicas por parte de grupos diversos no provoca la contención. Unas fuerzas no limitan a otras. La coexistencia no produce acuerdos que contienen el abuso. El estado de derecho no se consolida aunque el pastel se haya repartido. ¿Por qué? Mi respuesta es que por encima de la diferencia, la impunidad compromete a unos y a otros y, de esa manera, estabiliza.

Mi hipótesis es que el sistema político mexicano no sabe funcionar al margen de la impunidad. Todo relato serio de nuestra historia moderna implica la debilidad sistémica del estado de derecho; esta impronta se expresa en la forma de un código de conducta entre los actores políticos, quienes son eslabones de largas cadenas reproductoras de una aproximación a la ley que la convierte en un “bien” disponible. El político promedio ve a la ley como un recurso de negociación, en tanto él mismo es parte de una red de intereses que en mayor o menor medida se beneficia manipulando la norma. Pero sucede lo mismo con el grupo político adverso y es así como el resultado más probable ante el conflicto es la negociación en torno a la impunidad, la cual opera como mecanismo de estabilización del propio sistema. Colapsar la impunidad es para los políticos, en el fondo, un juego de suma cero, todos pierden. No hay quien cierre la puerta porque de una u otra manera todos tienen cuentas pendientes, mayores o menores. Resultado, dominan incentivos en contra, no a favor de la ley.

La relación entre nuestro sistema político y el estado de derecho es disfuncional. Ante la inmensa mayoría de la gente los políticos simbolizan el poder que está por encima, no por debajo de la ley. Unos y otros políticos apelan al estado de derecho, pero quién cree a esos supuestos soldados de la legalidad cuando en la conciencia colectiva se percibe que la ley está a disposición de todos, pero más de ellos. Para entender a fondo el valor de la impunidad hay que medir su fuerza como moneda de cambio que estabiliza. Vista desde esta perspectiva no es un pasivo, más bien es un activo que da rendimientos extraordinarios a unos y a otros. La prueba de mi hipótesis es que no importa de qué tamaño sea la impunidad, no importa cuántos escándalos ésta provoque, el sistema político no se refunda en torno al gobierno de las leyes y los políticos que proponen hacerlo en su conducta muestran que no hablan en serio. Si mi hipótesis es cierta entonces la construcción del estado de derecho no es factible desde la llamada clase política. ¿Desde dónde lo es? No lo sé.

Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.